EL ALBA

Comentario.- Recordemos que en los casos de delitos aduaneros, la liquidación será efectuada

por la administración aduanera. La Ley 1990 define la defraudación como un delito aduanero

que consiste en la disminución o el no pago de los tributos aduaneros, por operaciones

aduaneras en las que dolosa y falsamente se declare la calidad, cantidad, valor, peso origen de

las mercancías. Éste ultimo aspecto lo veremos con mayor detenimiento en el capitulo sobre

ilícitos aduaneros. Anteriormente, señalamos que para consignar el valor en aduana en la

Declaración de Mercancías, la mercancía, debe haber sido valorada aplicando la técnica prevista

en el Acuerdo sobre Valoración de la Organización Mundial de Comercio y otras normas que la

complementan, al efecto, se exige la elaboración de la Declaración Jurada del Valor en

Aduanas, documento que viene a constituirse en el instrumento base de un juramento declarado

y firmado por el importador que lo responsabiliza plena e íntegramente, podríamos creer que

dada la implementación de un sistema, podrían sus resultados como consecuencia de la

implementación de un instrumento operativo practico de aplicación e la metodología de

valoración de la OMC, conseguido la facilitación al comercio exterior. Sin embargo la

administración aduanera ha tropezado con problemas de índole técnico para la determinación

del valor de la mercancía; la demora ante la duda razonable se hace cada vez más caótica, el

sistema informático no esta acorde con las necesidades actuales de un tráfico comercial intenso

que sugiere agilidad en el manejo de identificación de las partidas arancelarias origen y

procedencia lo que exige la implementación urgente de tecnología de última generación que

responda a un comercio exterior ágil y simplificado y que cuente con personal capacitado de

manera constante.

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