Guipuzcoana

El establecimiento de esta compañía significó un cambio profundo en el sistema de comercio tradicional de la provincia de Venezuela. Pues al tener monopolio del comercio entre España y la provincia, controlaba los precios de los bienes y los fijaba a su conveniencia, en perjuicio de los consumidores y de los productores locales. En suma, la Guipuzcoana estaba en condiciones de castigar cualquier violación. A raíz de esto, diversos sectores de la población (hacendados, comerciantes, contrabandistas y campesinos) rechazaron la permanencia de la empresa en tierras venezolanas. En un inicio la oposición fue legal y pacífica; pero después se tornó violenta.

Esta insurrección obtuvo grandes logros ya que consiguió que el Rey de España acogiera las acusaciones en contra de la empresa y tomara medidas al respecto. Entonces, se creó una Junta Reguladora de Precios, formada por el gobernador, como árbitro, un diputado del Cabildo y un representante de la Compañía. Inmediatamente, se vio un alza considerable en los precios, que alcanzaba hasta un 80%. Además, se les cedió a los hacendados y cosecheros un sexto de la capacidad de los barcos de la empresa para que remitieran por su cuenta productos a España. Y se les permitió adquirir acciones de la compañía, con lo que comenzaron a percibir beneficios de ésta.Con el establecimiento en 1776 de la Intendencia del Ejército y Real Hacienda, la Compañía Guipuzcoana fue sometida a controles más rígidos y se le redujeron sus privilegios. En 1779, la guerra con Gran Bretaña le impidió cumplir con sus compromisos con España y la provincia de Venezuela. Así fue como el 10 de marzo de 1785, por una real cédula, se ordenó su disolución

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