Demanda.

El caso de la UNA

Aunque la vocería de la UNA asegura que la decisión del despido de las periodistas fue tomado por una Comisión Bipartita Disciplinaria de la universidad, esto debido a su supuesta mala actitud laboral que incluso afectaba a otros trabajadores. En su denuncia, una de las perjudicadas, María Lidia Bermúdez, alega que el acoso laboral inició desde el 2010, cuando fueron sustituidas por otras personas y relegadas sin destinarles funciones. El despido se materializó en septiembre de 2012.

Bermúdez sufrió lesiones psicológicas según en dictamen de la doctora Ana Luisa Pineda, del Instituto de Medicina Legal, especificando que “sufre de estrés agudo” por la situación laboral que enfrenta. Sugiere que ”la autoridad competente emita medidas eficaces de prevención y protección, contempladas en el nuevo Código Penal”.

La directora del MEC destacó que en el caso de las periodistas, la aplicación del Art. 48 no está fundamentada, pues según alegan, ellas fueron separadas de sus cargos y después no les asignaban tareas específicas.

Esperan solución

La abogada Johana Arce, quien representa a las periodistas, dijo que el caso fue radicado en el Juzgado Tercero de lo Laboral, demandando reintegro y pago de salarios sin percibir, y están a la espera de que la demanda sea notificada al rector Talavera, para tener un acercamiento y entrar a negociación.

Arce comentó que en 2012 el MEC brindó atención a 4,686 personas, de las cuales 4,191 fueron casos laborales contra empresas de todo tipo, en ocho maquilas de zona franca, ZF, en empresas de construcción, del sector agrícola, del servicio del transporte, sector eléctrico, así como universidades.

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