Como esta La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Temas a investigar

Ambito de la arbitrariedad arrendaticia.

Caractrristicas de la arbitrariedad arrendaticia

Compromiso de arbitrariedad arrendaticia

Validez de arbitrariedad arrendaticia

Por ello, el deber contenido en el artículo 258 la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se agota o tiene como único destinatario al legislador (Asamblea Nacional), sino también al propio operador judicial (Poder Judicial), en orden a procurar y promover en la medida de lo posible la utilización de los medios alternativos de resolución de conflictos y adoptar las medidas judiciales necesarias para promover y reconocer la efectiva operatividad de tales medios, lo cual implica que las acciones típicas de la jurisdicción constitucional

En mi opinión queda resuelta así la disyuntiva acerca de si es o no practicable el arbitraje en la etapa de conocimiento del procedimiento arrendaticio y en particular del procedimiento que pueda desembocar en una orden de desocupación, ya que la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por una parte amplia el mandato del artículo 258 ejusdem del legislador al propio Poder Judicial que están ambos órganos del poder público comprometidos en la promoción de los medios alternativos de resolución de conflictos, entre los cuales se encuentra el arbitraje, sino que también jerarquiza a los laudos arbitrales al mismo nivel que las sentencias emanadas del Poder Judicial, que si bien no son dictadas por un órgano perteneciente a este último, si lo son proferidas por un integrante del Sistema de Justicia, como es el arbitraje como medio alternativo de resolución de conflictos.

En consecuencia la SUNAVI deberá aprobar los contratos de arrendamiento de vivienda que contengan cláusulas arbitrales, ya que ellas no involucran violación de norma alguna de orden público, muy por el contrario, significan el desarrollo de un medio alternativo de resolución de conflictos no solamente mencionado sino promovido y deseado por la Constitución vigente de nuestro país, así como también desarrollado por la jurisprudencia de la Sala Constitucional en sentencia con carácter normativo.

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