Convenis Operativo

Convenios operativos: Concesiones disfrazadas

Bajo la figura de los Convenios Operativos, PDVSA contrataba empresas operadoras para que le prestaran el “servicio” de explotación de hidrocarburos en campos marginales, a cambio de un precio indexado al precio del petróleo.

A lo largo de los años noventa PDVSA organizó tres rondas de licitación de Convenios Operativos: en 1992, 1993 y 1997; además de una adjudicación directa en 1995 (el Convenio Operativo Boscán). No todos fueron exitosos; en la actualidad el número de Convenios Operativos firmados con inversionistas privados entre 1992 y 1997, asciende a 32.

La figura de los Convenios Operativos estaba contemplada en el articulo 5to de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, la LOREICH, popularmente conocida como la Ley de Nacionalización, la cual señala:

“El Estado ejercerá las actividades señaladas… directamente por el Ejecutivo Nacional o por entes de su propiedad, pudiendo celebrar los convenios operativos necesarios para la mejor realización de sus funciones, sin que en ningún caso estas gestiones afecten la esencia misma de las actividades”.

De acuerdo con la Ley este tipo de convenios se limitaban a Contratos de Servicio que no desnaturalizaran la esencia misma de las actividades reservadas al Estado, que ayudaran para la mejor realización de las funciones del ente contratante (PDVSA) y no que permitieran que las empresas operadoras o contratistas se hicieran participes, ni que adquiriesen derechos sobre los volúmenes, reservas y precios petroleros, u operaran sobre el objeto mismo de la reserva de la Ley.

Con estos Convenios, en realidad, PDVSA entregó a terceros las actividades de exploración y producción, reservadas por la ley de Nacionalización a las empresas del Estado, o a la figura de Convenio de Asociación con una empresa del Estado.

En lo jurídico, el hecho de que los Convenios Operativos fueran ilegales desde la Primera Ronda, se desprende de un estudio jurídico detallado de todos los Convenios Operativos realizado por el Ministerio de Energía y Petróleo en 2004. No fueron, definitivamente, lo que se pretendía en la Ley simples empresas de servicio; sino contratos de producción de petróleo. Tanto es así que muchos de ellos, de hecho, presentan las reservas de hidrocarburos correspondientes en sus libros con la aprobación de la Securities and Exchange Commission (SEC) estadounidense.

Del estudio realizado por el Ministerio de Energía y Petróleo se desprende, además, que con cada nueva ronda o adjudicación directa, los Convenios Operativos se hicieron aún más ilegales. En la Primera Ronda, en 1992, todavía PDVSA se vio forzada a guardar algunas apariencias; en 1997 ya se otorgaron simplemente concesiones y de las apariencias sólo quedó que PDVSA, por una parte, tenía que aprobar los planes de inversión anuales; en el caso de controversias, sin embargo decidiría un arbitraje.

Los Convenios Operativos se presentaron a la opinión pública como una solución a la producción y el manejo de Campos Marginales, es decir, aquellos que requerían inversiones adicionales importantes para ser reactivados y que PDVSA no consideraba prioritario reactivar con recursos propios.

Tal como se informó entonces, con la Primera Ronda se entregarían campos marginales abandonados o inactivos; así, en efecto, se hizo. En la Segunda Ronda, ya se trataba de Campos Marginales inactivos y activos. Pero cuando se entregó por adjudicación directa el campo Boscán en 1995, éste producía 80 MBD, con lo que difícilmente puede calificarse como campo marginal. En la Tercera Ronda se entregaron oficialmente Campos Marginales en producción.

De esta manera la vieja PDVSA estaba privatizando sus actividades

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