Cooperación Penal y Evolución Jurisdiccional de la Comunidad Andina de Naciones

Cooperación Penal y Evolución Jurisdiccional de la Comunidad Andina de Naciones

Reunidos los países Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela con la creación de éste organismo y fuerte comunidad en la cuál la política exterior común constituye un elevado grado de cooperación política que inició una nueva etapa de la integración andina y que ha identificado como una de sus áreas de acción prioritaria adoptar “medidas conjuntas para el fomento de una cultura de paz y de solución pacífica de controversias, el fomento de la confianza, especialmente en las zonas fronterizas, la limitación de armamentos y el desarrollo de nuevas concepciones regionales de seguridad.”, estableciendo así un precedente para lograr llegar a un culmen donde la confianza y la seguridad sean materia primordial para el desarrollo y apoyo entre éstas mismas naciones las cuales por medio  del Compromiso de Lima, se comprometen a ser actores claves en tomar, adoptar y ejecutar las medidas legales pertinentes para combatir los cultivos ilegales, tráfico de armas y cultivos ilícitos, creando así no solo una comunidad sino un organismo que toma acción inmediata y se conecta a los objetivos y focos problemáticos de cada una de las naciones miembros.

Evolución histórica

En Junio de 2002 a partir de la implementación del Acuerdo de Lima dentro de la CAN, se establece como eje central la asistencia judicial mutua que se brindan actualmente éstos  Estados para los cuales fue primordial en primera instancia abordar las principales limitaciones espaciales que afectaban los objetivos de la actividad procesal en materia penal y de control de problemáticas que no solo afectaban e inferían en los demás de manera riesgosa, sino que infería en una perdida de control de situaciones que requerían y requieren un esfuerzo conjunto en materia procesal teniendo en cuenta casos de delitos de lesa humanidad que hasta la fecha de la creación del acuerdo no contaba con un apoyo y una interdependencia importante en ésta materia.

Como consecuencia de esa necesidad práctica y política, en las últimas décadas se ha suscrito y consolidado un importante conjunto de convenios y tratados internacionales, regionales y bilaterales dentro de la CAN que están orientados al objetivo común de crear condiciones propicias y vinculantes para la acción coordinada de los Estados en favor de la eficacia de la justicia penal de cada uno de los miembros adscritos al tratado y a la Comunidad Andina.

Las principales razones que dieron origen a la CAN, según Mastrocola (2018), como organismo de integración subregional, estuvieron basadas principalmente en la supervivencia de los Estados miembros y la alternativa para incrementar el comercio y el establecimiento de  economías de escala que fueran capaces de competir contra grandes jugadores. Posteriormente, el objetivo de la integración se modificó y se enfocó principalmente en el desarrollo social, en función de mejorar la calidad de vida de la población. En su primera década, las propuestas de integración de la CAN consistieron en el establecimiento de un mercado interno andino, la implementación de una política exterior común y la creación de una agenda social. Por consiguiente, el aparato institucional de la Organización pretendía conseguir una gobernanza basada en la homogenización parcial entre los miembros. En ese sentido, establecieron un control sobre las políticas internas y la Organización estaba jurídicamente autorizada para impedir acciones contrarias a su unidad. Por esta razón, Chile se retiró en 1973.

En esta lógica, los objetivos de la CAN fueron llevados a cabo eficientemente durante su primera década. Durante este período, las políticas arancelarias aumentaron las relaciones comerciales entre los miembros, mejoraron la productividad interna y facilitaron la inversión estatal para el desarrollo industrial e infraestructura de cada Estado. Fue en este período, en el cual Venezuela solicitó vincularse a la Organización. Posteriormente, la crisis económica de los ochenta tuvo un impacto en el bloque. En términos generales, la situación se caracterizó por el no pago de deudas externas, déficit fiscal, altos niveles de inflación y devaluación. El miembro del bloque que se vio más afectado por la crisis fue Venezuela, pero su situación afectó el funcionamiento de toda la Organización. La falta de participación venezolana en el Pacto Andino, representó cambios drásticos en el PIB del bloque. Esto impidió el cumplimiento de objetivos comunes por faltas de recursos y de voluntad política (Mastrocola, 2016).

En ese contexto, los miembros se enfocaron en resolver la situación y secuelas internas, mientras reducían las relaciones intracomunitarias. Por tanto, la década de los ochenta frustró la posibilidad de profundizar la integración regional y debilitó el rol que había empezado a asumir la CAN. Ahora bien, en los años noventa aparecieron nuevamente las iniciativas y propuestas encaminadas a fortalecer la Organización. Durante este período, la CAN reflejó el sentimiento de unidad entre los miembros, lo cual buscó fortalecer la identidad de la Organización. Una de las principales estrategias implementadas durante este período, fue la adopción del pasaporte andino, el cual pretendió eliminar fronteras entre los miembros. Además de ello, fue durante este período que nacieron Organismos fundamentales como el Parlamento Andino, el Tribunal de Justicia y el CAF, entre otros. Por ende, fue durante esta década que se diseñó el entramado institucional de la Organización, el cual buscó cumplir diferentes funciones políticas, jurídicas, ejecutivas, educativas, sociales y financieras (Mastrocola, 2016).

Con el nuevo milenio, la CAN entró en un proceso de estancamiento en el cual los miembros se concentraron en sus asuntos domésticos. Si bien desde la Organización, se promovieron iniciativas conjuntas para luchar contra el narcotráfico y otras problemáticas, los miembros asumieron un rol más independiente frente a las políticas y propuestas diseñadas por el bloque. De esta forma, el establecimiento de un mercado común no se consolidó como una prioridad para los miembros. Por consiguiente, la Organización se vio obligada a reevaluar las relaciones intracomunitarias y a buscar acercamientos con otros organismos presentes en la región. Así mismo, iniciativas como la adopción de un arancel externo común, la implementación de una política agrícola común y la armonización de ciertas legislaciones nacionales, fueron bloqueadas por varias problemáticas. Entre ellas se destaca la inestabilidad de Ecuador y Bolivia, especialmente por las acusaciones de corrupción, y la expansión del conflicto armado colombiano (Mastrocola, 2016).

Evolución Política

En mayo de 1969, cinco países sudamericanos: Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile y Perú, firmaron el Acuerdo de Cartagena con el fin de mejorar juntos el nivel de vida de sus ciudadanos a través de la cooperación económica y social. Con este evento, inició el proceso andino de integración. Posteriormente, en 1973 Venezuela se adhirió al Acuerdo y en 1976, Chile se retiró de él (CAN, s.f).  En 2006, Chile se reincorporó tan solo como miembro asociado. Venezuela se retiró en el año 2006 bajo el Gobierno de Hugo Chávez, y por el momento no mantiene ningún tipo de relación particular con la CAN como esquema institucional regional (Prieto, 2016). Actualmente, la CAN está integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países unidos por el mismo pasado, la variedad geográfica, la diversidad cultural y natural y la construcción de objetivos y metas comunes. Según la Cancillería de Colombia, hasta 2014 la agenda de la CAN se centró en los siguientes temas: Relaciones comerciales, económicas y productivas, cooperación, desarrollo social, medio ambiente, desarrollo fronterizo, cultura y políticas de migración.  

Así mismo en cuanto a el acuerdo de Lima, el cual es primordial en materia de entendimiento de los procesos judiciales y acciones conjuntas para otorgar soluciones oportunas a los conflictos más latentes, se estableció que se realizaría seguimiento semestralmente, evaluando los avances en la implementación del Compromiso de Lima, la primera de éstas fue 28 de febrero de 2003 teniendo lugar en la ciudad de Bogotá. En ésta oportunidad el principal objeto de estudio fueron las bases para desarrollar el diálogo y la cooperación entre los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa de los países involucrados en la CAN.

De la misma manera allí, se concertó la visión andina de seguridad: “la situación en la que el Estado y la sociedad se encuentran protegidos frente a amenazas o riesgos susceptibles de afectar el desarrollo integral y el bienestar de sus ciudadanos, así como el libre ejercicio de sus derechos y libertades en un contexto de plena vigencia democrática.”, desde esta perspectiva, la seguridad tiene un “carácter multidimensional y comprehensivo” e incorpora “asuntos de índole política, económica, social y cultural, reflejados en las políticas en ámbitos tan diversos como los del fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, la defensa, la salud, el ambiente, la economía, el desarrollo económico y la prevención de desastres naturales, entre otros.”

Ya dicho esto se acotó el tema de las problemáticas más latentes y que requerían acciones inmediatas como lo son el tráfico de drogas, allí la  decisión 552 del acuerdo de lima sustenta una estrategia integral contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, teniendo en cuenta sus vínculos con el terrorismo, la corrupción y el problema mundial de las drogas. Para ello, busca fortalecer la capacidad de los Países Miembros para controlar la fabricación, comercio, transporte, tenencia, ocultamiento, usurpación, porte y uso de dichas armas, así como su identificación, confiscación y eventual destrucción.

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