Crusada Civilista

Origen de la Cruzada Civilista

Durante los años de la dictadura militar que se inicia con el Golpe de Estado en octubre de 1968, el sentimiento nacional contra el militarismo, o el control absoluto de los militares de las estructuras de Gobierno, venía manifestándose abierta y públicamente por la gran cantidad de ciudadanos de conciencia civilista de los diferentes sectores nacionales.

Los gremios empresariales y diferentes grupos de la sociedad civil jugaron un papel beligerante durante ese período, como el caso ocurrido en 1976, cuando la dictadura de Torrijos envió al exilio en Ecuador a un número plural de ciudadanos panameños, dentro de los cuales se encontraban prominentes empresarios y ejecutivos miembros de los principales gremios, al cuestionarse medidas que afectaban las actividades agropecuarias en el interior del país.

El cuestionado resultado de las elecciones de 1984 dejó en la ciudadanía el sentimiento de un fraude electoral, además de la evidencia palpable de que los militares no dejaron de mantener el poder por encima del mandato presidencial, a pesar de la fachada de unas elecciones libres y honestas para elegir al Presidente de la República. El comandante en jefe de turno de las Fuerzas de Defensa continuó siendo el hombre fuerte y el verdadero poder en el país, conjuntamente con su Estado Mayor.

En el mes de mayo de 1987, siendo presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, recibí una invitación para participar con el National Democratic Institute (NDI), en una delegación internacional de observadores de las elecciones parlamentarias en Filipinas, un año después de la caída de Marcos, luego de unas elecciones violentas y fraudulentas donde se pretendió desvirtuar la victoria de Cory Aquino.

De Panamá, asistimos el padre Fernando Guardia, vicario episcopal en la época, y el magistrado Luis Carlos Chen, del Tribunal Electoral. Cada uno fue asignado a diferentes ciudades de Filipinas. Tuvimos la oportunidad de familiarizarnos con el esfuerzo ciudadano apoyado por el movimiento cívico denominado Namfrel (National Movement for Free Elections) respaldado por el cardenal Sin. Me convencí del valor determinante de que la sociedad civil y el ciudadano en particular tienen el deber y la responsabilidad de participar en los procesos electorales, no solo ejerciendo el voto, sino también observando y fiscalizando el manejo de los resultados de las elecciones, para proteger y defender la voluntad popular o, por lo menos, divulgar local e internacionalmente las realidades y resultados verdaderos.

A nuestro regreso, iniciamos, a través de la Cámara de Comercio, una serie de reuniones con todos los grupos cívicos, empresariales, profesionales, médicos, y de educadores para difundir la experiencia filipina. La organización de nuestra iniciativa local bajo el concepto de Modelho (Movimiento de Elecciones Libres y Honestas), la conversé con diferentes personas, muy receptivas a la idea; sentí en ellas el deseo de participar, de hacer algo, al igual que otros que consideraban que no importaba lo que hiciéramos, se volverían a manipular las elecciones, y que era muy temprano para pensar en comicios libres dentro de las condiciones que ya se vivía y se acentuaban en el país.

Apenas habíamos iniciado las primeras rondas de reuniones y charlas públicas con diversos sectores que apoyaban la idea, cuando ocurren las graves denuncias y declaraciones del coronel Roberto Díaz Herrera, con acusaciones contra el general Noriega y detalles del fraude electoral de 1984. El contenido de las denuncias reflejaba una clara fisura en la estructura de mando de los militares y causaba un sentimiento de rechazo y estupor en los diferentes sectores nacionales. Ello motivó a celebrar una reunión urgente, el mismo día domingo, del Comité Ejecutivo y ex presidentes de la Cámara de Comercio para evaluar las noticias publicadas ese día sobre tales declaraciones.

En la madrugada del lunes, me llamó Gilbert Mallol, ex presidente de la Cámara, a las cuatro de la mañana para informarme de la situación en la casa del coronel Roberto Díaz Herrera. Me recomendó que me acercara lo antes posible, porque con la presencia de miembros de la Iglesia y otras personas de distintas sectores nacionales se podría evitar un acción improcedente por parte de los militares de Noriega. Llegamos a las cinco de la mañana, y nos encontramos con monseñor Marcos Gregorio McGrath, Ricardo Arias Calderón, Winston Spadafora, Gilbert e Ignacio Mallol, Astrid de Vásquez, Miguel Antonio Bernal, Pepe Pretto y otras personas que lamentablemente no recuerdo en este momento.

En el noticiero del programa de radio de KW Continente de esa mañana, la periodista Mayín Correa informaba de los acontecimientos y convocaba a las personas a que se acercaran a la emisora, ubicada en Vía España, para una gran concentración; un gran número de personas solidarias acudió al llamado.

Al mediodía del lunes, la directiva de la Cámara de Comercio, ampliada con la presencia de ex presidentes y asesores, celebró una vibrante reunión, dándosele un voto de confianza al presidente de la Cámara para que emitiera un comunicado reflejando el sentir de la directiva, que exigía una investigación seria e independiente de las graves acusaciones y la separación de los funcionarios civiles y militares que estaban siendo acusados. Un comité de redacción y estilo integrado por Edgardo Carles, Raúl Adames, Gilbert Mallol y Raúl Méndez me acompañó a mi despacho.

El texto final que aprobé fue el producto de un equipo de trabajo, pero quien que me sugirió el nombre de convocar una Cruzada Civilista fue Gilbert Mallol. Buscábamos un movimiento nacional más allá de intereses de los sectores económicos; se trataba de un asunto de interés nacional y así debería ser. En un breve, pero profundo y significativo texto de un comunicado, arranco la etapa definitiva contra la dictadura militar.

El lunes ocho citamos a una reunión en la sede de la Cámara de Comercio, para el martes nueve de junio en la noche, con representantes de las diferentes

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