Derechos Humanos

SAMUEL ENRIQUE DEL RIO TERCERO

ANÁLISIS CRÍTICO

El esquema adoptado por la Comisión Nacional y las de las entidades federativas, es demasiado legalista y coloca a la víctima en desventaja frente al aparato gubernamental, por el contrario la Comisión del Distrito Federal adopta una postura en favor del afectado, lo que sin duda, hace diferencia en el manejo de este tema tan escabroso.

La posición de quien esto escribe, encuentra su sustento en las múltiples desapariciones sin resolver, agresiones a periodistas, indocumentados y un largo etcétera, de lo cual nos enteramos cotidianamente por diversos medios y redes sociales.

La semana pasada, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, realizó 180 recomendaciones a nuestro país sobre el tema que nos ocupa, en una evaluación que se efectúa cada cuatro años, mediante un examen periódico universal (EPU), realizado en Ginebra.

Hace cuatro años, este mismo organismo realizó 93 recomendaciones, es decir, la mitad de las efectuadas en esta ocasión, lo cual, por más discursos que tiendan a suavizar las estadísticas y el trabajo de México en este rubro, significa un crecimiento alarmante.

Es cierto que existen avances legislativos, incluso en nuestra carta magna, pero no son suficientes, por el contrario existe la percepción que se incrementa la violación a los derechos humanos en esta nación y reiteramos, prueba de ello son esta nuevas recomendaciones.

A la reforma Constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos, que se festinó a lo grande, se le puso recientemente un candado mediante una interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien abandonó el principio PRO –HOMINE o PRO- PERSONA, que obligaba a todas las Autoridades de este país, a aplicar en esta materia, la protección más amplia en favor del ciudadano.

Este principio pro- persona, establece que si en el derecho Interno existía una norma protectora para el ciudadano, que fuera en cuanto a sus alcances de menor protección a la contenida en un tratado internacional, la norma aplicable sería la contenida en el ordenamiento internacional.

Esta reforma, vigente en su texto, creó en los puristas del derecho, quienes por desgracia muchos de ellos tienen una visión muy corta, un conflicto que no pudieron superar; ¿Cómo es posible que un tratado internacional sea Superior a la Constitución?, se preguntaron y no encontraron respuesta.

Pero como la Reforma Constitucional es difícil políticamente, sobre todo porque habría que dar marcha atrás a lo ya logrado, encontraron en la Suprema Corte, un aliado, un escape y alivio y bajo el argumento de la Certeza Jurídica, la interpretación fue, que nada arriba de la Constitución.

Resulta grotesco, que nuestro máximo órgano Judicial en la Nación, informe a la ciudadanía por distintos medios de comunicación,

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