ETICA Y LEGISLACION

ÉTICA Y LEGISLACION.

Lcdo. Vinicio Ladino.

Ejercicios de autoevaluación.

Realice una compilación de los siguientes documentos.

Decreto ejecutivo.

Estatuto.

Acuerdo Ministerial.

Resolución.

Ordenanza.

Circular.

Desarrollo del tema.

Decreto ejecutivo.- Este derecho esta reservado para el Presidente de la Republica por medio del cual

ejerce las funciones y atribuciones que están previstas en la constitución y las leyes. Es un acto administrativo que decide situaciones concretas o individuales como:

1. Nombrar un ministro.

2. Indulto, rebaja o conmutación de la pena de un sentenciado.

3. Establecer las políticas generales del Estado.

4. Fijar la política de población de un país.

5. Convocar a consultas populares.

Los decretos ejecutivos están sometidos al control del tribunal constitucional que compete: conocer y resolver las demandas inconstitucionales de fondo y de forma, que se presente sobre leyes orgánicas y ordinarias, decretos leyes ordenanzas estatutos reglamentos y resoluciones emitidos por órganos e instituciones del Estado, y suspender parcial o totalmente sus efectos.

Acuerdo Ministerial.- Es un acto tomado por los miembros de un cuerpo Ministerial o asamblea, se

refiere a las atribuciones de los Ministros para expedir acuerdos para establecer una declaración una decisión, que regulen y reglamenten la marcha sobre asuntos controversiales que correspondan a sus atribuciones y competencia.

Estos acuerdos para que tengan plena validez deberán ser notificados al interesado, mientras no lo sean no tienen validez.

Resolución.- Son actos decisorios o declarativos que adoptan, dentro de su ámbito su competencia y materia, tanto las autoridades administrativas del gobierno central,

1. Se dictan tanto por autoridades individuales de acuerdo a su jerarquía y funciones.

2. Surgen de órganos o cuerpos colegiados de varios miembros.

3. Tienden a ser más generales, tienen más amplitud en cuanto a efectos.

Son normas de rango inferior la ley, Decreto y Reglamento pueden ser impugnados por quienes se consideran afectados por vía administrativa o por vía judicial

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