LAS NORMAS RECTORAS DEL CODIGO PENAL COLOMBIANO FRENTRE A LA JUSTICIA TRANSICIONAL

LAS NORMAS RECTORAS DEL CODIGO PENAL COLOMBIANO FRENTRE A LA JUSTICIA TRANSICIONAL

La justicia transicional es un tipo esencial de justicia que debe ir acompañado de unas normas rectoras las cuales ayudan para que esta se cumpla a cabalidad, basándonos en la ley 600 de 2000 por la cual se expide el código de procedimiento penal. El concepto de “justicia transicional” para Iván Orosco Abad es el concepto usado “para designar aquellos procesos de rendición de cuentas que adelantan las sociedades estatales en relación con crímenes políticos y de masas perpetrados en el pasado, en situaciones de turbulencia política como las que son propias de las transiciones de la guerra a la paz y de la dictadura a la democracia.

Los procesos de justicia transicional lo que buscan es que se lleve a cabo una transformación radical tanto de orden político como social de un país, para de esta manera reemplazar un estado de guerra civil por un orden social pacifico, para de esta manera pasar de una dictadura a un orden político democrático. Esta justicia analiza la manera de como las sociedades afectadas por las violaciones a los derechos humanos las cuales han sido cometidas por las guerras civiles. Puede hacer tránsito a regímenes democráticos en los cuales se pueden garantizar una paz duradera.

Las normas rectoras son principios en los cual se basa el sistema penal Colombiano, estos principios ayudan que la norma penal u otras tengan un rango constitucional siempre y cuando se sigan sus características para no tener incompatibilidades entre ellas

Elementos de una política de justicia transicional integral

Los elementos que componen las políticas de justicia transicional no constituyen una lista azarosa, sino que están interrelacionados práctica y conceptualmente. Los más determinantes son:

• Las acciones penales, sobre todo contra los criminales considerados de mayor responsabilidad.
• Las reparaciones que los Gobiernos utilizan para reconocer los daños sufridos y tomar medidas para abordarlos. Esas iniciativas suelen tener un componente material (como los pagos monetarios o los servicios sanitarios), así como aspectos simbólicos (como las disculpas públicas o los días del recuerdo).
• La reforma de instituciones públicas implicadas en los abusos -como son las fuerzas armadas, la policía y los tribunales-, con el fin de desmantelar, con los procedimientos adecuados, la maquinaria estructural de los abusos y evitar tanto la repetición de violaciones de derechos humanos graves como la impunidad.
• Las comisiones de la verdad u otras formas de investigación y análisis de pautas de abuso sistemáticas, que recomiendan cambios y ayudan a comprender las causas subyacentes de las violaciones de derechos humanos graves.

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