Notificaciones

Objetos de la ley de antejuicio.

El objeto Ley tiene es crear los diferentes procedimientos que servirán para el trámite de las diligencias de antejuicio que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, se promuevan en contra de los dignatarios y funcionarios a quienes la Constitución Política de la República y las leyes conceden ese derecho; su ámbito de aplicación, su tramitación y efectos.

Este se encuentra claramente regulado, en el Artículo 1 de la ley en materia de antejuicio, contenido en el Decreto número 85-2002 del Congreso de la República, el cual estipula: “La presente ley tiene por objeto crear los procedimientos para el trámite de las diligencias de antejuicio que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, se promueven en contra de los dignatarios y funcionarios a quienes la Constitución Política de la República y las leyes conceden este derecho; su ámbito de aplicación, su tramitación y efectos”

La ley en materia de antejuicio, claramente perfila el objeto de la ley, que no es otra cosa que la creación de los procedimientos, que viabilicen el trámite de este beneficio, respetando estrictamente los mandatos de la ley fundamental y de las demás leyes ordinarias, todo ello en aras del derecho humano al debido proceso, a que todo dignatario o funcionario, debe tener acceso de manera inmediata.

El primer considerando de la ley en materia de antejuicio vigente, afirma: “Que de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República y otras leyes, el derecho de antejuicio ha sido concedido a determinadas personas que están al servicio del Estado para preservar la estabilidad del desempeño del cargo y garantizar el ejercicio de la función pública”.

Es relevante el contenido de este considerando de ley, al tener en cuenta que el antejuicio goza de jerarquía legal constitucional y que se le ha concedido a determinadas personas al servicio del Estado, para preservarles la estabilidad en el desempeño del cargo y garantizar el ejercicio de la función pública, es decir, solo tienen acceso a este derecho personas al servicio del Estado y su teleología, consiste en preservar la estabilidad de éstos en el desempeño del cargo y la garantía del ejercicio de la función pública, de especial y suma trascendencia, para el desarrollo y efectividad de la función del Estado.

El segundo considerando de la ley citada, fundamenta que: “Que es necesario establecer un procedimiento uniforme para el trámite del antejuicio así como determinar el ámbito de su aplicación, procedimiento y efectos legales, ya que la normativa vigente se encuentra dispersa en leyes de diversa naturaleza, por lo que debe dictarse una ley que contenga las disposiciones adecuadas para viabilizar el trámite de dicho proceso”.

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