Politica Ambiental

UNA POLÍTICA AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE

INTRODUCCIÓN

Desde el advenimiento de la democracia en Chile, el desarrollo sustentable es un desafío del conjunto de la sociedad y constituye el objetivo general de la política gubernamental, tal como se afirma en el Mensaje Presidencial de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente: “Un desarrollo sustentable debe conservar la tierra y el agua, los recursos genéticos, no degradar el medio ambiente, ser técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable.” El Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ha profundizado en este concepto: “La estrategia de desarrollo sustentable de Chile está basada en generar las condiciones básicas que permitan compatibilizar el proceso de crecimiento económico del país, con la protección del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales, en un contexto de equidad social y económica.” Su objetivo es el mejoramiento equitativo de la calidad de vida de los chilenos de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. El desarrollo sustentable se puede representar como un triángulo cuyos vértices —el crecimiento económico, la equidad y la calidad del medio ambiente— están en un equilibrio dinámico. Por lo tanto, una condición fundamental del desarrollo sustentable es la armonización de las políticas económicas, las políticas sociales y las políticas ambientales. En este contexto, la Política Ambiental procura hacer ambientalmente sustentable el proceso de desarrollo, velando por “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.” El foco de la Política Ambiental y su fin último es la calidad de vida de todos los chilenos y de las generaciones futuras. La gestión ambiental es una función eminentemente pública, de responsabilidad individual y colectiva, que requiere del compromiso y la participación de toda la sociedad civil, incluyendo en ella al sector productivo privado, de tal forma que el conjunto de la sociedad esté dispuesto a asumir los costos que implica el implementar tal política. Significa también un proceso continuo de mejoramiento de la capacidad de gestión del país. En Chile, el debate público sobre la sustentabilidad ambiental se inicia con la recuperación de la democracia, tras años de ausencia como tema relevante de la sociedad, debido a los escasos espacios de participación y la falta de vida cívica democrática. Para avanzar más rápidamente en materia ambiental es necesario desarrollar una amplia dinámica de participación y discusión. La Política Ambiental del Gobierno para el desarrollo sustentable del país es consistente con las prioridades programáticas, las que giran en torno a la modernización y descentralización de la institucionalidad democrática, la modernización productiva, la superación de la pobreza, la ampliación del acceso a las oportunidades para todos, y el mejoramiento de la calidad de vida. El presente documento es una declaración de Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable, dirigida al país con el objeto de lograr un compromiso nacional, público y privado, institucional y cívico, que permita enfrentar con éxito la responsabilidad que todos tenemos con el medio ambiente. Esta propuesta se basa en los lineamientos descritos más adelante, en las tareas establecidas por la legislación vigente, en las directrices señaladas por el Presidente de la República, y en la experiencia acumulada en los últimos años por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y los demás ministerios y servicios del Gobierno. La declaración se funda en principios estables y permanentes, establece objetivos de mediano y largo plazo y destaca las líneas de acción que deberán orientar la gestión ambiental del país durante los próximos años.

CONTEXTO Y DIAGNÓSTICO

Chile es un país en desarrollo que ha tenido un crecimiento económico alto y sostenido durante la última década, alcanzando tasas anuales de alrededor de 7%. Como resultado se ha conseguido un ingreso per capita anual creciente, que, en el año 1997, se acerca a los 5.000 dólares, pero con una fuerte concentración del ingreso: el 20% más pobre sólo percibe el 6% del ingreso nacional. El desarrollo económico chileno se ha basado históricamente en sus recursos naturales, tanto renovables como no renovables. El futuro desarrollo seguirá teniendo un componente muy importante de dichos recursos. La minería del cobre continuará siendo el pilar del desarrollo, aunque con una representación cada vez más relevante de otros rubros como recursos forestales, agroindustria, acuicultura, turismo y servicios. Hay consenso respecto a que el medio ambiente, en Chile, está fuertemente presionado por las exigencias que plantea el desarrollo económico y social. Los esfuerzos de los chilenos para lograr el bienestar económico han comprometido seriamente la capacidad de renovación y preservación de los recursos naturales y la calidad del aire, del agua y de los suelos. En ausencia de una normativa ambiental efectiva, el desarrollo económico de Chile ha significado, durante décadas, la acumulación de un pasivo ambiental, cuyas expresiones principales son las siguientes:

• Contaminación atmosférica asociada a las áreas urbanas, a la industria, a la minería y a la generación eléctrica. En muchas localidades, las emisiones y las concentraciones ambientales de material particulado, óxidos de nitrógeno y de azufre, monóxido de carbono, hidrocarburos y contaminantes peligrosos, como el plomo y el arsénico, superan la normativa nacional o las recomendaciones internacionales con un alto costo y riesgo para la salud de la población.

• Altos índices de contaminación hídrica, por la disposición sin tratamiento de residuos líquidos domiciliarios e industriales. Lo anterior ha afectado significativamente a los cursos de agua, como ríos, lagos y borde costero, así como ha generado contaminación de aguas subterráneas.

• Inadecuado manejo del crecimiento urbano y sus principales derivados, entre los cuales destacan los altos índices de contaminación, la escasez de espacios de contacto con la naturaleza, áreas verdes, de esparcimiento y recreacionales.

• Inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos, domésticos e industriales, particularmente los peligrosos, lo que hace de este tema uno de los desafíos principales de la gestión ambiental.

• Erosión y degradación de suelos, por la aplicación de técnicas silvoagropecuarias deficientes, crecimiento urbano y manejo inadecuado de residuos sólidos. En Chile, los procesos de degradación del recurso suelo han actuado durante siglos, en particular sobre la disponibilidad de suelo agrícola productivo y las cuencas hidrográficas.

• Amenazas al bosque nativo por sobreexplotación y carencia de medidas adecuadas de protección. El crecimiento sin consideraciones ambientales de la actividad forestal, la extracción de leña y la fabricación de carbón amenazan la sustentabilidad del recurso y la diversidad biológica.

• Pérdida de recursos hidrobiológicos. Debido a procesos de explotación excesiva de determinadas especies se han producido situaciones de agotamiento de la biomasa.

• Deficiente gestión de sustancias químicas peligrosas. Su uso creciente, sin la existencia de medidas integrales para prevenir la contaminación, hace que los riesgos para la salud humana y las emergencias ambientales puedan presentarse en forma catastrófica. Desde 1990, la política ambiental del Gobierno se realiza sobre la base conceptual del desarrollo sustentable. En este período de ocho años, el país ha sido capaz de lograr simultáneamente altas tasas de crecimiento económico, ha reducido la pobreza y avanza hacia la recuperación del deterioro ambiental y la protección del medio ambiente. Con la democracia, los esfuerzos iniciales se concentraron en enfrentar los problemas ambientales más urgentes y abrir el debate público acerca de ellos. El Gobierno del Presidente Patricio Aylwin Azócar implementó el primer programa de descontaminación atmosférica para la Región Metropolitana, a través de la Comisión Especial de Descontaminación creada para tal efecto. Se estableció, además, planes de descontaminación para las áreas saturadas aledañas a las principales fundiciones estatales de cobre. En materia de prevención, en ese período se estableció el sistema voluntario de Evaluación de Impacto Ambiental, mediante un instructivo presidencial. La operación del sistema voluntario mejoró la viabilidad ambiental de más de 170 proyectos, cuya inversión total ascendió a 22.000 millones de dólares. Un paso sustantivo en el diseño e implementación de la Política Ambiental chilena fue dotar al país con una moderna legislación y una nueva institucionalidad ambiental. La Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente fue promulgada en marzo de 1994, a pocos días del inicio del segundo Gobierno de la Concertación, encabezado por el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Se trata de una Ley que, por primera vez en la historia nacional, se hace cargo de la temática ambiental desde una perspectiva integral, sentando las bases para una gestión ambiental eficiente y fijando criterios institucionales y regulatorios que comprometen las acciones del Estado, del sector privado y de la ciudadanía. La Ley, al crear la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) sin derogar las competencias de los ministerios y servicios públicos, sienta las bases para el Sistema Nacional de Gestión Ambiental: una institucionalidad de tipo transversal y de carácter coordinador, en un marco

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