Sector Energético: Dinamizador O Represor Del Crecimiento Económico

La electricidad puede considerarse como un producto final, un bien intermedio o un bien de consumo final en virtud, del uso masivo en los diferentes sectores productivos; la atención oportuna de su demanda, asociada con una producción eficiente en términos económicos ha justificado los procesos de desregulación y liberalización de sectores eléctricos en las últimas décadas (Steiner, 2000).

En este orden el consumo de energía eléctrica es necesario para el desarrollo económico y social de todos los países, aunque con frecuencia los usuarios somos poco consientes del incalculable valor que tienen los recursos que convertidos en electricidad, calor o combustible hacen más fácil y confortable la vida cotidiana y, lo más importante como factor productivo transversal a un sinnúmero de sectores de la economía, es la llave que establece el progreso económico y en definitiva en bienestar general de la población.

Además de su precio en dinero, la energía eléctrica tiene un coste social, tratándose de un bien escaso en la naturaleza, agotable y que debemos compartir. Su uso indiscriminado, por otro lado, produce impactos negativos sobre la salud medioambiental de un planeta que estamos obligados a conservar, por ende, ahorrar energía y utilizarla de forma eficiente e inteligente para conseguir más con menos deben ser propósitos fundamentales de consumidores cautos y consientes.

Como se puede apreciar, se identifican las tres dimensiones (social, económica y ambiental) que abarcan el concepto de desarrollo sostenible, detrás de las cuales también están las fuerzas de mercado y por ende ninguna se convierte en absoluta o preferencial. De hecho, las políticas públicas apuntan a conseguir como fin último un equilibrio óptimo; para el caso particular el adecuado suministro de la energía eléctrica se convierte en un dinamizador del entorno productivo y económico del país, situación contraria, no sólo se reduce la productividad al interior del propio sector energético, sino que se convierte en un depresor del crecimiento económico.

Para la Constitución Política de Colombia y, específicamente para dictar los lineamientos de la actividad económica, el modelo económico neoliberal marco las pautas, posibilitando la participación de agentes privados en mercados exclusivamente estatales, tal como reza en el Artículo 333 “La actividad económica y la iniciativa privada son libres… La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. Específicamente para los servicios públicos el Artículo 365 dice “Los servicios públicos

son inherentes a la finalidad social del estado. Es deber del Estado asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos… podrán ser prestados por el Estado… o por particulares… el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia…

Con la viabilidad que dio la constitución y ante el deficiente panorama del sector energético, el gobierno concretó un plan de salvamento basado en la expansión del sector energético, con capital privado y a ejecutar éste bajo un régimen transitorio. La necesidad imperante de inversiones totalmente privadas permitió la introducción de contratos de compra en firme de disponibilidad de energía y potencia (PPA). Con el Decreto 700 de 1992, el mercado energético colombiano empieza su fase de transición de un modelo monopolístico a un modelo con características de libre competencia, lo que operativamente permitió la instalación de 1.546MW entre 1993 y 1999.

Para hacer operativos los principios de la Constitución y diseñar el mercado,

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