COLUMNA DE OPINIÓN II ¿Cali protege a sus niños?

COLUMNA DE OPINIÓN II

¿Cali protege a sus niños?

La problemática de la niñez en la ciudad, empieza incluso antes de que nazcan los niños. Las precarias condiciones socioeconómicas de los hogares, resultan en una alta cifra de deserción escolar, y en efecto, la falta de educación se convierte en un factor determinante para que el embarazo adolescente incremente aún más. Según la Secretaría de Salud Pública, 12.852 jóvenes entre 2015 y 2017 fueron madres en Cali y casi la mitad de embarazos se reportaron en las comunas 13, 14, 15 y 21 que conforman el Distrito de Aguablanca.

Lo más lamentable de esta situación, es que, un alto porcentaje de embarazos adolescentes son causados por delitos sexuales, según exámenes que llegan a medicina legal en Colombia, el 86% de las pruebas corresponden a violencia sexual contra menores de edad. Un oprobio.

Muchas veces por miedo a la reacción del núcleo familiar por la noticia de un embarazo deseado o no, los menores toman la decisión de interrumpir la gestación del feto. Desde enero del 2018 hasta abril del 2019, en Cali, se reportaron 3.700 abortos espontáneos (antes de la semana 20 de embarazo), lo que serían aproximadamente, 8 abortos al día, así lo informa la Secretaria de Salud de la ciudad. Aunque, el secretario de dicha entidad, admite que muchos de los casos de abortos espontáneos, no son tan espontáneos, sino provocados por métodos domésticos o en sitios clandestinos.

No obstante, muchos otros menores, deciden afrontar las nuevas responsabilidades de traer un bebé y enfocan sus prioridades de vida en empezar a producir y generar ingresos para solventar todo aquello que implica encargarse de los gastos de un nuevo integrante de la familia. Esta situación –por cierto-, puede  concebirse como una puerta de entrada desde la cual se reflejan otras problemáticas de la ciudad; Cali por ejemplo, es la segunda ciudad del país con la tasa más alta de trabajo infantil.

Los menores que viven en precarias condiciones socioeconómicas, comienzan a trabajar de forma ilegal bien sea por cumplir con las obligaciones de un bebé, o porque los ingresos en sus hogares se encuentran por debajo de la línea de pobreza.  Según datos revelados por el analista Marvin Mendoza Martínez, coordinador del programa Cali Cómo Vamos, 17.500 niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años se encontraban trabajando en Cali en el 2018, es decir, 70 menores por cada barrio de ciudad.

Las cifras, son alarmantes –sin duda-, pero, más allá de esa sensación ‘incomoda’ que puede generar leer este tipo de contenidos, los que residimos en esta ciudad deberíamos preguntarnos si en realidad Cali protege a sus niños, y de no ser así, ¿por qué no lo hace?, ¿seremos –todos- parte del problema?, seguramente sí.

Hacernos los de la vista ‘gorda’, y normalizar este tipo de situaciones siempre va a resultar más sencillo que encarar la realidad de la ciudad, y a decir verdad, el problema no se tiene por falta de normas protectoras, porque las hay y son muchas, comenzando por las constitucionales, las penales y las contenidas en tratados internacionales que obligan al Estado colombiano a proteger a los niños, niñas y adolescentes.

El artículo 44 de la Carta Política establece con claridad que  los niños serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Que gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, no obstante, tantas normativas no son la solución cuando los ciudadanos no tienen reparo en transgredirlas.  

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