CONTAMINACION DE LA AMAZONIA

Contaminación de la Amazonía en un punto crítico

La empresa Pluspetrol ha iniciado un proceso de diálogo con las 27 comunidades indígenas ubicadas en la cuenca del río Pastaza, en los distritos de Andoas y Pastaza, provincia del Datem del Marañón (Loreto), luego de que, en marzo de este año, la zona fuera declarada en emergencia ambiental por el Gobierno. Se intenta así enfrentar las consecuencias y resolver los pasivos de 40 años de contaminación por la actividad petrolera en el Lote 1AB.

La agenda de diálogo incluye tres temas: la compensación por el uso de tierras, la remediación de los daños y la indemnización por el impacto ambiental. Las comunidades nativas están agrupadas en la Federación de Indígenas Quechuas del Pastaza (Fediquep), la empresa ha designado representantes y el diálogo es seguido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Las partes están cerca de alcanzar acuerdos en relación a la compensación por el uso de tierras, es decir, el pago por la extracción de petróleo o por la instalación de pozos en tierras pertenecientes a las comunidades nativas. Para esto se realizará un proceso de cotización bajo responsabilidad de una empresa valorizadora cuya elección tiene como fecha límite el 19 de setiembre. La posición de la empresa es la de reconocer el pago por servidumbre y uso de tierras en tanto que estas sean a su vez reconocidas como propiedad de las comunidades afectadas.

Sin embargo, con relación a la indemnización por el impacto ambiental existe un entrampamiento. La actual empresa operadora del lote inició sus labores extractivas el año 2000, por lo que en primera instancia no estaría dispuesta a reconocer los pasivos ambientales de casi 30 años de extracción a cargo de una anterior concesionaria. Las negociaciones sobre los temas más controversiales obligan a una intervención más decidida del Estado, en este caso de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la PCM.

La cuenca fue declarada en emergencia en marzo pasado durante 90 días hábiles debido a los niveles de riesgo significativo a la salud de la población por las elevadas concentraciones de aluminio, bario y otros tóxicos. La medida se sustenta en informes técnicos de la Autoridad del Agua (ANA), OEFA y Digesa.

La República ha llegado al Pastaza y documentado esta semana la destrucción del ecosistema, exponiendo con datos específicos el drama de centenares de familias. El análisis realizado por Digesa a 13 comunidades detectó que solo una tiene piletas y pozos con agua potable, debido a que se nutre del campamento de Pluspetrol, en tanto las otras 12 tienen sus fuentes contaminadas, es decir, cerca de 10 mil personas en la actualidad se encuentran bebiendo agua con rezagos de hierro, aluminio y petróleo. Los monitoreos ambientales de Fediquep han encontrado otros metales en las zonas afectadas como cromo, bario,

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