Foto sobre SERCOP

El SERCOP dentro de sus atribuciones posee la de dictar normativa que permita instrumentalizar los vacíos legales y reglamentarios como se lo menciona en artículo 10 de la LOSNCP. La normativa que se aplica para los procesos de contratación pública puede presentar falencias al instante que los servidores públicos los ejecutan, ya que en el sistema de contratación pública en cualquiera de los niveles jerárquicos se pueden corromper con el manejo de valor monetarios elevados, como consecuencia de la emergencia sanitaria existieron un sinnúmero de contrataciones de bienes y servicios de las cuales no se llevaron a cabo los procedimientos acordes a la ley ya que se exteriorizaron errores en la publicación de información relevante de los procesos de contratación al igual que dichos proveedores ya seleccionados no cumplían con los requisitos legales para contratar con el Estado, lo que reveló que el estado no contaba con un ente de control que haga cumplir con la normativa del SERCOP en ese entonces como medida de precaución la institución incorporo una mesa técnica junto a los ministerios de Salud Pública y Economía y Finanzas, con el fin de monitorear y asesorar en las contrataciones del sector salud en donde se encontró este tipo de actos de corrupción ya que se consideraban empresas fantasmas a los proveedores de insumos médicos con sobreprecio.

El SERCOP en coordinación con los Entes de control deben realizar de manera frecuente la supervisión estricta y permanente de todas las contrataciones que las entidades del Estado presenten en la plataforma de compras públicas para que todos los procedimientos sean 100% transparentes y no perjudiquen al Estado con el mal uso de recursos públicos por que los niveles de corrupción afectan de manera directa a todos los ecuatorianos. Para que la normativa sea ejecutada de manera eficaz los procesos deberían realizarse por un analista en contratación pública que este actualizado en implementación de normativas que emplea el SERCOP y un ente de control interno que rinda cuentas semanales a la Contraloría General del Estado para evitar la institucionalización de la corrupción.  

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