INCIDENCIA DEL CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN DEL COMBUSTIBLE EN EL RESGUARDO NACIONAL EN EL ESTADO ZULIA POR LA ISLA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO ALMIRANTE PADILLA

INCIDENCIA DEL CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN DEL COMBUSTIBLE EN EL RESGUARDO NACIONAL EN EL ESTADO ZULIA POR LA ISLA SAN CARLOS DEL MUNICIPIO ALMIRANTE PADILLA

(Trabajo Especial de Grado para optar al Título de Especialista en RESGUARDO NACIONAL)

El tema del combustible, gasolina o gasoil, secularmente, ha generado controversias entre los países, incluyendo los innumerables conflictos bélicos, los cuales han contribuido en el incremento de las economías de los países exportadores. Cabe destacar que en Venezuela el combustible ha sido objeto del contrabando indiscriminado hacia Colombia, como consecuencia de la Guerra Económica que atraviesa la nación y de la que el vecino país participa como uno de los actores, en alianza con otros países de la región y la conducción de los Estados Unidos de América (EEUU).

Es sabido que Venezuela comparte con Colombia 2.219 kilómetros de frontera, donde hacen vida ciudadanos venezolanos y colombianos, grupos paramilitares y guerrilleros, existen incontables trochas o caminos ilegales, entre otras situaciones que representan una amenaza para el sano desenvolvimiento de esas zonas, habida cuenta del interés investigativo porque será el escenario donde se desarrollará el tema de investigación del presente estudio, en razón de ser un espacio geográfico en el que acontece una diversidad de situaciones que favorecen el contrabando de extracción de gasolina hacia Colombia por vía lacustre, se describe el municipio Almirante Padilla, el cual es un archipiélago lacustre en el Lago de Maracaibo, constituido por las Islas: Toas, San Carlos, Zapara, Pescaderos, Pájaros, y los islotes Pedro Colina, San Bernardo y Maraca; Bajo el Frío, los Bajos, los Gusanos, Juan Camargo y Zaparita.

Estas Islas se encuentran ubicadas en el sitio de intersección del Golfo de Venezuela (porción sur) y el Lago de Maracaibo (porción norte). Limitan por el Norte, con el Golfo de Venezuela; al Este, la Ciénaga de los Olivitos en el Municipio Miranda; al Sur con la Barra del Lago de Maracaibo y al Oeste con el Caño de Paijana; (http://isladetoas2004.ve.tripod.com, (2018) con una extensión territorial de 139 Km2. equivalente al 0.28% del total del Estado Zulia.

En la frontera zuliana, además del control que ejerce el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), se presenta una problemática en zonas aledañas, por donde circula un comercio ilegal a través de caminos improvisados (trochas) que impacta negativamente la recaudación fiscal, toda vez que se extraen grandes cantidades de combustible evadiendo los controles que ejercen los organismos de seguridad del Estado.

Uno de los aspectos relevantes está relacionado con la legislación colombiana y los caminos ilegales (trochas) que se habilitan en el límite fronterizo, tales como el paso de personas, venezolanos o colombianos, para practicar entre otras actividades ilícitas, el contrabando de extracción de combustible venezolano, con el agravante de que la Constitución colombiana de 1991, establece la autonomía de los departamentos en su Artículo 287. “Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley”. (ob. cit.); y le garantizan como derechos en los numerales 1, 3 y 4: gobernarse por autoridades propias, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales, respectivamente.

Esta autonomía les ha permitido a los departamentos fronterizos colombianos elaborar su propio ordenamiento jurídico, adicionando el Artículo 365 del mismo documento, el cual dictamina la libertad de la prestación de los servicios públicos por parte del Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares; lo que permite interpretar que cualquier comunidad organizada o ciudadano común en la zonas de fronteras, puede legalmente prestar el servicio de venta de combustible, el cual está calificado como un servicio público, amparado por el referido artículo, sin poner en tela de juicio su procedencia.

Aunado a la resolución 40.266 del 31 de marzo de 2017, la cual excluye de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y exento de arancel e impuesto nacional a la gasolina dentro de cada municipio reconocido como zona de frontera del vecino país. Evidentemente, estas y otras leyes colombianas hacen atractivo el contrabando de combustible hacia Colombia, aunque Venezuela ejerza rigurosos controles para evitar este flagelo, el interés del mercado ilegal será insaciable y la lucha contra el mismo será incesante.

Por otra parte, el 13 de agosto de 2018, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que “Venezuela pierde anualmente 18 mil millones de dólares por contrabando de gasolina”. (versionfinal.com.ve, s/p), aunque no especifica si es solo por el combustible propiamente dicho, se puede suponer que esta millonaria cifra no incluye las pérdidas por evasión fiscal. En este orden de ideas, en un foro organizado por la Gobernación del estado Zulia, en febrero de 2018, para buscar soluciones que proporcionaran ingresos al estado y la guerra económica, Juan Romero, Secretario de Asuntos Fronterizos de la Gobernación del Estado Zulia sostiene que “el hecho de tener presencia militar en la frontera, aún no combate completamente la problemática, sobre todo cuando se refiere al comercio ilegal. Se trata de trazar una ruta denominada Registro de Actividades Comerciales Fronterizas” (2018), con la finalidad de establecer controles con una política de Estado, tanto del Ministerio de Frontera como de la Gobernación zuliana.

Todo esto impacta en la recaudación fiscal, generando pérdidas por este concepto, ya que no ingresa el pago de tributos al fisco nacional, mientras que Colombia se beneficia de este contrabando mediante la legalización del mismo, sin pago de impuestos y legalizando este producto sin investigar el origen de su procedencia, si es lícita o no.

En este contexto, aunque Romero (ob. cit.) sostenga que la presencia militar no es suficiente, el Estado venezolano dispone de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para ejercer medidas de control en los pasos fronterizos, en apoyo al SENIAT, a través de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); la cual, además, cumple funciones de seguridad fronteriza. En lo que respecta al Municipio Almirante Padilla, la actividad de contrabando de extracción por la piratería en lacustre, lo ha convertido en uno de los mayores ejes del tráfico de combustibles.

Los medios de comunicación y las redes sociales de forma permanente reporta actuaciones de la GNB en la incautación de combustible para el contrabando de extracción hacia Colombia por la frontera otro municipio aledaño, Municipio Insular Bolivariano Guajira, provenientes del Municipio Almirante Padilla:“GNB decomisa 48 mil 860 litros de combustible en la Guajira”(cuenta en twitter el Mayor General Fabio Zavarce Pabón, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Occidental); la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) retuvo 50.600 litros de combustible, oculto en una caleta detectada por una comisión en el sector La Eneíta, del municipio Mara. La información la dio a conocer el comandante de la Zona 11 Zulia de la GNB, general de Brigada Edward Castellanos Jáuregui, a través de una nota de prensa”. (versionfinal.com.ve, 2018).

También en la página web de esta institución militar se publicó lo siguiente: “GNB incautó 30 mil 800 litros de combustible y detuvo a 5 ciudadanos en La Guajira, 100 efectivos militares adscritos al Destacamento 112 e desplegaron en el sector “El Relámpago”, logrando incautar unos 30 mil 800 litros de combustible”. (guardia.mil.ve, 2018). Asimismo, el periódico digital Qué Pasa publicó: “una comisión de guardias nacionales se trasladó hasta el sector Las Palmas, municipio Guajira, donde se incautaron 11 mil litros de combustibles, 50 envases plásticos, con capacidad de almacenamiento de 220 litros cada uno y 57 envases plásticos”. (2018)

Puede apreciarse en esta información que la GNB ejerce importante función en las incautaciones de combustible, hecho que permite realizar proyecciones sobre las pérdidas por concepto de pago de tributos al fisco nacional.

Cabe destacar que el modus operandi que se realiza en el Municipio Almirante Padilla, específicamente en la isla San Carlos. La actividad económica fundamental en esta isla es la pesca artesanal, mediante embarcaciones de poco calado, con motores fuera de borda, que utilizan los pescadores para realizar faenas de pesca diarias. Dichos motores son llenados con 60 litros de combustible; sin embargo, su propósito es transportar diez pipas (recipientes plásticos) de 200 litros cada uno, es decir, cada embarcación lleva 2.000 litros de combustible, pudiendo calcularse que diariamente sale un aproximado de 60 lanchas, eso se convierte en 120.000 litros diarios, los cuales en treinta días representan 3.600.000 mil litros, procedentes de la isla San Carlos del Municipio Almirante Padilla.

Este combustible es trasladado por vía lacustre por el Lago de Maracaibo, incursionan por la Laguna de Sinamaica hacia otro municipio fronterizo, como es el Municipio Indígena Bolivariano Guajira, donde otro grupo de personas los recibe, para sacarlos por vía terrestre hacia el país colombiano, colocándolos en las orillas de las playas de la zona de Paraguaipoa empleando vehículo tipo camión, otra alternativa son los llamados “chorizos de pipas” que arrastran por el río Limón, hasta la costa colombiana.

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