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LA COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL DE FELIPE CALDERON


Enviado por   •  13 de Mayo de 2015  •  5.973 Palabras (24 Páginas)  •  170 Visitas

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INTRODUCCIÓN

El presidente Felipe Calderón asumió el cargo el primero de diciembre de 2006. Le tocó ser el primer mandatario que seguía a la alternancia. Desde el inicio de su gestión, optó por deslindarse del tipo de comunicación gubernamental y las estrategias que había utilizado el presidente Fox. A continuación se analiza la forma que el gobierno de Calderón entendió la comunicación gubernamental y la estrategia e instrumentos de los que se valió para insertar los temas de interés del gobierno en la agenda mediática. Se valora también el resultado de esta forma de plantear la comunicación gubernamental.

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL

La comunicación, como actividad humana, es un fenómeno que “se explica... como un proceso biosocial que depende no sólo de la memoria humana, sino de factores tales como la percepción, la interacción simbólica y las convenciones culturales de lenguajes específicos.

Es así que también la comunicación contribuye a que “las personas puedan desarrollar construcciones subjetivas y compartidas de la realidad a partir de lo que leen, escuchan o miran. Por tanto, su conducta personal y social puede ser moldeada en parte por las interpretaciones aportadas por los medios ante hechos y temas sociales” (De Fleur, 1982, pág. 45).

Es claro que cualquier emisor -considerando el esquema tradicional en el que hay un emisor que envía un mensaje a un receptor, que comparte el mismo código para su comprensión, que provoca una respuesta-, “no busca otra cosa que llegar al colectivo de identificación más amplio posible. La tendencia profunda, en consecuencia, del discurso político, su movimiento íntimo podríamos decir, consiste en la búsqueda de un 'nosotros' que abarque a todos los destinatarios. Es decir: anular al adversario” (Veron, 1999, pág. 79).

La comunicación gubernamental, que algunos llaman comunicación política, difiere de manera radical de la mercadotecnia política. El propósito, métodos y técnicas son distintos. La comunicación gubernamental en las sociedades democráticas se funda en el derecho de los ciudadanos a ser informados y en el deber del gobierno de transparentar su acción y rendir cuentas.

Es la garantía y el ejercicio de estos dos derechos los que fundan jurídicamente el campo de la comunicación gubernamental. Se podría decir que son dos derechos que hacen relación a un mismo tema, pero que es visto desde la lógica de dos actores distintos: los ciudadanos y los poderes del Estado. Uno exige al otro. No se puede garantizar el derecho a la información si, por otro lado, no existiera la obligación de la rendición de cuentas.

Un elemento central de la constitución de la ciudadanía, es que se garantice de manera efectiva el derecho a la información. Esto implica en primer lugar que los poderes del Estado y los órdenes de gobierno informen con claridad y transparencia de lo que hacen y de la forma como lo hacen.

A continuación se proponen algunas notas sobre su fundamento jurídico:

A. Los derechos fundamentales

El derecho a la información forma parte de los derechos fundamentales. Entendidos éstos como aquellos de carácter universal que garantizan y protegen los bienes básicos con los que debe de contar toda persona. Miguel Carbonell plantea que para que un derecho sea considerado fundamental debe ser un instrumento "de protección de los intereses más importantes de las personas, puesto que preservan los bienes básicos necesarios para poder desarrollar cualquier plan de vida de manera digna".

B. El derecho a la información

Una vez que ha quedado claro qué son y cuál es la importancia de los derechos fundamentales, resulta más que evidente que el derecho a la información debe de ser uno de ellos. Lo tiene que ser porque protege bienes básicos. Esta protección se da de dos maneras: 1) La primera, "es en relación con la posibilidad de darle contenido, calidad y sustancia a otros derechos fundamentales"; 2) La segunda, "...reside en el valor autónomo que tiene la información como bien jurídico".

Lo que garantiza que el derecho a la información no sea un ejercicio estéril y vacío es que exista amplia y significativa información. Los ciudadanos, por eso mismo, deben ser informados y tener acceso directo a la mayor cantidad de documentos y archivos públicos. Es la manera de hacer realidad este derecho.

La democracia exige como condición el derecho a la información. Lo plantea muy bien Roberto Saba cuando afirma que "el derecho a la información es una precondición del sistema democrático y del ejercicio de la participación política de la ciudadanía".

Es así que la comunicación es un recurso del poder, “el acceso y el control son los factores clave que determinarán las consecuencias de los nuevos sistemas de información y comunicación sobre la distribución de la libertad e igualdad sociales”

C. La comunicación gubernamental

Es la garantía y el ejercicio de estos dos derechos los que fundan jurídicamente el campo de la comunicación gubernamental. Se podría decir que son dos derechos que hacen relación a un mismo tema, pero que es visto desde la lógica de dos actores distintos: los ciudadanos y los poderes del Estado. Uno exige al otro. No se puede garantizar el derecho a la información si, por otro lado, no existiera la obligación de la rendición de cuentas.

Un elemento central de la constitución de la ciudadanía, es que se garantice de manera efectiva el derecho a la información. Esto implica en primer lugar que los poderes del Estado y los órdenes de gobierno informen con claridad y transparencia de lo que hacen y de la forma como lo hacen.

La comunicación gubernamental necesita partir de un marco teórico de fuerte utilidad aplicativa mediante el aporte de racionalidades autónomas y propias para comprender –desde la comunicación– el ejercicio de acciones transversales que permeen todas las dimensiones de un gobierno. La comunicación gubernamental juega un papel clave en la construcción de una determinada cultura política, y además permite obtener capacidad institucional y condiciones de gobernabilidad que doten de consenso a las gestiones. (Riorda, 2008)

En un contexto como el que vivimos

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