La política ambiental en Venezuela

Marco Legal e Institucional - Instrumentos Económicos y de Control

La política ambiental en Venezuela registra un cambio considerable en las últimas dos décadas, pasando de intentos conservacionistas a el uso racional de los recursos naturales como parte de políticas de desarrollo del gobierno. Los objetivos ambientales y las estrategias políticas son mas independientes desde que se elaboró el Sexto Plan de la Nación (1990)., el cual incluye la posibilidad de emplear impuestos piguvianos para la gestión ambiental.

A nivel de gobierno central la autoridad es el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (MARNR), el cual fue creado en 1976. El principal curso de acción del Ministerio del Ambiente ha sido la provisión de fondos públicos para obras de saneamiento. De esta manera, la gestión ambiental conjunta que incorpora a empresas privadas y ONGs no recibe recursos humanos y financieros suficientes. La organización del Ministerio ha evolucionado desde una estructura centralizada hasta una estructura horizontalmente dispuesta, en la cual cada área de problema ambiental específico tiene una división correspondiente dentro del Ministerio. Algunas de las divisiones más importantes dentro de la actual organización del Ministerio son: conservación de cuencas, calidad del aire, y educación ambiental. Sin embargo, estas divisiones nos son financieramente independientes y el presupuesto total del Ministerio depende del tesoro público nacional. Los factores antes mencionados son de suma importancia al discutirse y analizarse la factibilidad que tiene la aplicación de instrumentos de mercado como mecanismos de gestión ambiental en Venezuela.

El marco legal ambiental en Venezuela es considerado muy avanzado en términos de sus normas ambientales y de su alcance. Sin embargo, varios autores señalan el hecho que otorga un excesivo poder discrecional y asigna responsabilidades que se superponen entre diversas entidades. En algunos casos los Ministerios de Energía y Defensa comparten la responsabilidad de hacer cumplir las regulaciones ambientales con el Ministerio del Ambiente. Igualmente, los Ministerios de Agricultura y Salud Pública participan en la formulación de normas ambientales. Algunas normas ambientales son fijadas a niveles excesivamente altos como para ser cumplidas o no toman en cuanta las condiciones y características particulares de los ecosistemas en cuestión. Los principales instrumentos legales que abordan aspectos relativos a la calidad ambiental son la Ley Orgánica del Ambiente (1976) y la Ley Penal del Ambiente (1992). Este último instrumento define crímenes y sanciones ambientales (multas y arresto). Al igual que la experiencia en otros países latinoamericanos con políticas ambientales basadas en instrumentos de comando y control, la aplicación y el cumplimiento de las mismas ha sido sumamente problemática. Dentro de un sistema de controles directos como el que actualmente existe, no se garantiza el óptimo aprovechamiento y asignación de los recursos naturales.

A nivel local, las agencias regionales especiales asumen un papel cada vez más importantes en la tarea de hacer cumplir las normas, en los programas de saneamiento, y en el desarrollo de la educación ambiental. Los municipios son directamente responsables de la gestión de los desechos sólidos. Durante el decenio de 1990 estas instituciones se han estado fortaleciendo política y financieramente. Los municipios tienen el derecho, dentro de su jurisdicción, de cobrar sus propios impuestos y ejercer el control sobre los establecimientos comerciales, industriales, y agrícolas. Las asociaciones vecinales están representadas a nivel municipal. De ahí que el gobierno municipal es una instancia con gran potencialidad para llevar a cabo programas de monitoreo y gestión ambiental con respecto a la calidad del aire, del agua, y del suelo.

Como se mencionó en párrafos anteriores, en la gestión ambiental en Venezuela ha predominado un esquema de comando y control. Además de las normas, las cuales se hacen cumplir mediante multas y demandas por perjuicios ambientales; restricciones sobre la utilización de tierras son ejercidas para proteger bosques, cuencas, y otros ecosistemas. Actualmente también se está empleando el otorgamiento de licencias como instrumento para la gestión ambiental. Es importante resaltar que los instrumentos de mercado per se no han sido considerados, aunque existen algunas experiencias que han considerado instrumentos económicos o contabilizado los costos ambientales de la degradación ambiental. Algunos de estos instrumentos implícitamente reconocen los problemas ambientales como una externalidad, aún cuando ninguno de los costos ambientales son considerados en el sistema de precio al momento de aplicar un determinado instrumento:

Incentivos Fiscales: La exoneración de impuestos corporativos fue implantada durante las décadas de 1970 y 1980, para ser luego derogada en 1991 por reformas a la ley de Impuestos Empresariales. El propósito había sido el compensar a aquellos que invirtieran en equipos, tecnologías o infraestructura destinada al mejoramiento o a la conservación del medio ambiente. La exoneración fue hasta de 15% durante 5 años. Este instrumento no produjo mejoras en la asignación de recursos y pudo haber generado una excesiva inversión de capital en sistemas de abatimiento de la contaminación.

Sistemas de Tarifas Industriales basadas en Volumen de

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