Posición Estado peruano

Desde mi humilde opinión, el problema no se circunscribe a una simple discusión entre doctos y legos, o de espirituales o materialistas, ni de progres o conservadores. La mismísima Constitución política, norma fundamental sobre la que reposan tanto el derecho como la justicia en el Perú, establece una clara contradicción entre los derechos fundamentales de la persona, reconocidos y establecidos en los tres primeros artículos de la misma y la encubierta confesionalidad estatal que establece el artículo 50 de aquella. Es decir, por un lado, la carta magna propone a la dignidad de la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado, mientras que, por el otro, las armónicas relaciones entre la Iglesia y el Estado peruano se mantienen vigentes en la actualidad, a la luz del reconocimiento constitucional a la importancia de la Iglesia Católica en la formación histórica, cultural y moral de nuestro país. Objetivamente, sin apasionamientos de ninguna especie, existe una clarísima contradicción que se determina indubitablemente cuando el Estado Peruano se declara como democrático, moderno y defensor de los derechos humanos, mientras que al mismo tiempo establece un trato privilegiado en favor de la Iglesia Católica. Porque hay una clara contradicción entre el derecho a la libertad de conciencia y de religión y el mantenimiento de un sistema prebendario establecido en atención a consideraciones religiosas. Realmente, a pesar que de los primeros artículos de la Constitución se deduce que el Estado peruano es aconfesional, el mantenimiento del Concordato de 1980 suscrito entre el Perú y la santa sede nos hace en la práctica un Estado confesional. Y en ese claroscuro, caben desde la carta magna interpretaciones de ambos bandos, no solo para el matrimonio igualitario, sino para temas tan igual de controversiales como el aborto, la adopción homoparental o incluso la eutanasia. no se necesita ser culto o profano como dije, ni tener pluma o ser homofobo para expresar una posición que sea amparada en el marco jurídico peruano.  ¿No constituyen acaso los derechos humanos el consenso más elemental que sostiene a la vida civilizada? ¿Es sensato preferir la relevancia histórica de una institución que impone una particular visión del mundo en vez de preferir la relevancia histórica de aquella otra que propone el respeto a las diversas cosmovisiones y favorece la pluralidad ideológica?

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