Benito Juarez

La calidad educativa debe verse como un componente esencial del derecho a la educación: está intrínsecamente relacionado con la oferta educativa, el acceso y la inversión. Debe estar contenida en las políticas públicas y es responsabilidad primaria del Estado Federal y de las entidades federativas.

El Relator Especial nota que el Gobierno ha mantenido una preocupación constante por la calidad educativa y ha desarrollado iniciativas positivas para atender problemas puntuales de infraestructura, como es el caso del programa “Escuelas de Calidad”. Además, ha puesto en marcha experiencias conocidas como “Escuelas de tiempo completo” y “Escuelas siempre abiertas”, que han permitido maximizar el tiempo de aprendizaje en muchas comunidades. Adicionalmente, el gobierno ha ofrecido bonos salariales al personal docente y ha premiado sus esfuerzos de muy diversas maneras.

El principal problema que a juicio del Relator Especial enfrentan las autoridades educativas para ofrecer una educación de calidad, es que la oferta escolar no atiende a las desigualdades sociales que en primer lugar perjudican a las poblaciones marginadas, ni introduce acciones estructurales que atiendan con mayor eficiencia sus necesidades, ni tampoco invierte recursos suficientes para su atención. Pese a que existen iniciativas importantes, como el Programa “Comunidades de Aprendizaje”, pareciera que el sistema reproduce esas desigualdades o avanza muy lentamente en su eliminación.

Últimamente, se ha impulsado la denominada “Alianza por la calidad de la educación”, que contiene temas cruciales para la educación pública y que en realidad contiene obligaciones centrales del Estado, ya contenidas en la Constitución Política y en la legislación internacional. Esta alianza ha sido objetada por diversos sectores de la población y en varias entidades. Las objeciones se han centrado en que la Alianza no es resultado de una discusión abierta ni de un proceso de participación social amplio. También se ha objetado que no responde a la diversidad ni a la necesidad de que las oportunidades educativas respondan a los fines establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos.

Como parte de las preocupaciones del Estado por atender los problemas de calidad educativa, México actualmente participa en muchas pruebas estandarizadas (PISA, ENLACE, EXCALE). Además, el Gobierno Federal y las entidades han avanzado en la construcción de sistemas de indicadores. Aunque estas pruebas pueden ser útiles, al ser estandarizadas no necesariamente atienden la diversidad, la variedad de expresiones sociales y culturales ni consideran la multiplicidad de matices comunitarios. En la práctica las pruebas han tenido un efecto problemático, pues han proyectado injustamente una mala imagen de los maestros y maestras, haciendo creer que los problemas de la eficiencia escolar les son achacables exclusivamente a ellos y ellas y no a un sistema educativo que ha resultado moroso en la ejecución de políticas públicas consistentes.

Finalmente, el Relator Especial constata que el sistema educativo revela una profunda complejidad en distintos ámbitos, caracterizada por la combinación de las obligaciones federales y estatales, el proceso de descentralización y principalmente por la simbiosis atípica del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con la Secretaría de Educación. Esta simbiosis tendría una explicación histórica, pero desde el punto de vista de las obligaciones en torno al derecho a la educación, hay que recalcar que el actor frente al cual se exige el goce efectivo del derecho es el Estado, por medio de la Secretaría de Educación, motivo por el cual la mixtura Sindicato-Secretaría, revela una subordinación recíproca de funciones atípicas en cada una de las partes, que agrega una gran complejidad al panorama educativo.

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