Los mecanismos jurídicos específicos

Desde que nos erigimos en nación, el edificio constitucional mexicano ha sido sopor- tado por dos pilares fundamentales: los derechos de las personas y las competencias de los Poderes, idealmente en equilibrio. Al igual que en las democracias más añejas, esta estruc- tura no ofrece algo original o distinto dentro del horizonte del constitucionalismo compa- rado, si se apela a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Esta primera Carta de derechos, producto de la Revolución Francesa, dejó plasmado en su artícu- lo 16 que "toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada ni la separación de poderes esté determinada, carece de Constitución". Los dos pilares han exis- tido, incluso desde las primeras cartas constitucionales del México independiente.

Pero durante los primeros años, los mecanismos jurídicos específicos, contenidos dentro de estos dos soportes esenciales, funcionaban bajo esquemas de una débil institucionalidad. Y es que no podemos olvidar que durante más de un siglo, nuestro país no dejó de fluctuar entre extremos ideológicos. La inestabilidad de los gobiernos era espacio poco propicio para el desarrollo del Estado de Derecho. Luego de las guerras de Independencia, la normalidad del constitucionalismo incipiente estuvo condicionada por la necesidad de desmarcarnos del esquema colonial. Esto dio pie a cambios abruptos de régimen, primero monárquicos, luego republicanos. Derrocado el imperio de Iturbide y aprobada la primera Constitución Federal en 1824, el proceso constitucional quedó sometido a las pugnas entre liberales y conserva- dores, que se debatieron entre el Estado Federal y regresiones centralistas. Entre tanto, la garantía de los derechos seguía siendo una promesa no cumplida a favor del ciudadano.

XIX

Prólogo

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