El Baguazo
lorenaob120 de Agosto de 2014
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INTRODUCCION
En el Perú, han sucedido muchos actos de violencia por parte de ciertas comunidades, las cuales se justifican en el hecho de que el Estado no los tomaba en cuenta por ser minoritarios. Bagua, una ciudad situada en el Amazonas, en una plataforma alta, en la orilla del río de Utcubamba, fue lugar de uno de los actos más violentos en la historia de la Amazonía peruana que afectaron al país. Este hecho repercutió de una manera muy grande, tanto que, hasta el día de hoy, el conflicto aun no concluye. La falta de integración entre esta comunidad y el Estado, la cual se viene extendiendo desde años remotos, fue la principal causa de esta reacción negativa por parte de los nativos. En consecuencia, Bagua se vio desatendida y desconfiada hacia el Estado, al no estar bien comunicados, ya que pensaron que este buscaba apropiarse de sus tierras, cuando, en realidad, buscaba ayudarla a explotar sus recursos naturales de manera asertiva para su desarrollo económico. Sin embargo, el Estado debió tomar en cuenta la situación social en aquella ciudad. No solo debió velar por el avance económico de nuestro país, sino que, también, debió velar por el bienestar social; es decir, no solo comunicar algo que quizá nunca llegue a oídos de los nativos, sino, dialogar con las comunidades, para hacerles entender de que este desarrollo económico es también en beneficio de ellas. De esta manera, este caso fue escogido para ser analizado a profundidad, desde un punto objetivo, con la finalidad de informar a la comunidad peruana acerca de este acontecimiento relevante que aún está en la espera de la mejor solución.
• Bagua
La provincia peruana de Bagua es una de las siete provincias que conforman el Departamento de Amazonas. bajo la administración del Gobierno regional de Amazonas. Está ubicada en la parte septentrional del Perú, su capital se encuentra en el valle del bajo Utcubamba.
• La Masacre de Bagua
El 5 de junio de 2009 se llevó a cabo la masacre de Bagua, en las cercanías de la localidad de "El Reposo" muy próxima a Bagua, una ciudad agrícola del noroeste del venir Departamento de Amazonas, Perú). Según la información oficial, el enfrentamiento tuvo un saldo de 33 personas fallecidas.
Estos hechos se llevaron a cabo como parte del desalojo de aproximadamente 5.000 nativos aguarunas, huambishas y otros grupos étnicos amazónicos, junto con muchos pobladores de las ciudades cercanas de Jaén Departamento de Cajamarca, Bagua y Bagua Grande Departamento de Amazonas que se encontraban bloqueando la carretera Fernando Belaúnde Terry por 55 días y que había dejado desabastecidas de combustible, gas y alimentos a las regiones de Departamento de Amazonas, Departamento de Cajamarca, Departamento de San Martín y Departamento de Loreto a pesar del apoyo unificado de la población de esta zona del Perú contra un decreto que favorecería a grandes empresas transnacionales y mineras a usar territorio de la selva con el fin de las exportaciones en grandes yacimientos de petróleo y otros minerales.
El enfrentamiento entre los indígenas, pobladores y la policía, habría comenzado por la arremetida de las fuerzas policiales del Perú para desbloquear las carretas. La orden habría sido dada por la ministra Mercedes Cabanillas y el primer ministro Yehude Simon del Presidente Alan García Pérez. Esto habría detonado la revuelta y violencia que se expandió desde una zona despoblada hasta ciudades cercanas.
De acuerdo a las primeras informaciones conocidas la noche del 5 de junio, se reportaron oficialmente 25 policías y 9 indígenas fallecidos, además de 100 heridos atendidos en cuatro ciudades (incluida Chiclayo). También hubo reportes de 38 secuestrados y decenas de locales públicos destruidos y saqueados en tres ciudades del Departamento de Amazonas.
Más tarde, la Defensoría del pueblo cuantificó en 33 los muertos (veintitrés policías, cinco pobladores y cinco indígenas). Ochenta y tres personas habrían sido detenidas y otras doscientas habrían resultado heridas.
• CAUSAS DE LA TRAGEDIA DE BAGUA
El 28 de octubre del 2007 cuando el presidente García publica su tristemente célebre artículo “El síndrome del perro del hortelano” que es una verdadera declaración de guerra a los pueblos indígenas y el ábrete sésamo de una política de transnacionalización de la Amazonía.
La promulgación de más de un centenar de decretos legislativos para la implementación del TLC con Estados Unidos. Una decena de estas normas fueron consideradas una amenaza para las tierras y territorios indígenas.
El Congreso de la República, presidido entonces por Javier Velásquez Quesquén, hizo oídos sordos a los informes de las instituciones jurídicas que reclamaban la derogatoria de los decretos legislativos porque vulneraban la Carta Magna, el Convenio 169 y otras normas.
El ardid aprista de postergar la derogatoria de los decretos 1064 y 1090 la mañana del 4 de junio y la orden dada desde Lima para desalojar “La Curva del Diablo”.
• Cronología del “Baguazo”.
Octubre 2007
El 28 de octubre de 2007 el presidente del Perú publicó un artículo, titulado "El síndrome del perro del hortelano", donde indicó que algunas comunidades nativas del Perú mantenían improductiva su tierra, oponiéndose al progreso. Esto fue interpretado como un agravio por los pueblos amazónicos.
Junio 2008
Nativo Yagua.
Dentro de la legislación para el TLC, el Poder Ejecutivo emite decretos que tratan sobre los pueblos nativos del Perú.
Los nativos amazónicos que se encontraban organizados en AIDESEP y CONAP, iniciaron protestas por estos decretos.
Agosto 2008
El 18 de agosto de 2008, Alberto Pizango (presidente de AIDESEP) apoyó las protestas de los Pueblos Indígenas Amazónicos que tomaron control de dos instalaciones petroleras: un yacimiento de gas natural en el sur del Perú explotado por la compañía argentina Pluspetrol, y un oleoducto en el norte, de propiedad de Petroperú. Durante las protestas, los indígenas tomaron como rehenes a dos oficiales de policía. En respuesta, el gobierno declaró el estado de emergencia en los departamentos de Cusco, Loreto y Amazonas, lo que le daba el poder de enviar tropas para desalojar por la fuerza y detener a los manifestantes.
El 20 de agosto de 2008 el Congreso del Perú aprueba el pedido de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Parlamento, derogando los decretos legislativos 1015 y 1073. Los nativos consideran que facilitan la venta de sus tierras a empresas.
Septiembre 2008
El Presidente del Perú no promulgó la derogación de los decretos. Al vencer el plazo lo realizó el Presidente del Congreso como lo prevé la constitución peruana. El2 de septiembre quedan derogadas las leyes 1015 y 1073 restableciéndose los artículos 10 y 11 de la Ley 26505 sobre el uso de tierras de las comunidades nativas.
Marzo 2009
El Congreso forma una comisión para estudiar los demás decretos, sobre todo los puntos que entran en conflicto con la Constitución y tienen que ver con la violación del Convenio 169 de la OIT]. AIDESEP envía cartas al Congreso y al Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, exigiendo que la comisión emita opinión respecto a los demás decretos.
Abril 2009
A falta de respuesta, el 9 de abril se inicia el paro amazónico. Las protestas indígenas continuaron exigiendo la derogación de seis decretos, considerados inconstitucionales por la Comisión de Constitución del congreso peruano, que permitirían que el 60% de los bosques primarios de la Amazonia peruana sean vendidos a empresas transnacionales para explotación de hidrocarburos o el cultivo de biocombustibles.
El 20 de abril, Yehude Simon y los dirigentes de AIDESEP acuerdan formar una comisión multisectorial para revisar los decretos, pero no se levanta la huelga. En los días siguientes, la huelga se agudiza en diversas zonas del país. Se bloquean carreteras importantes, se impide la navegación en algunos ríos y se toma infraestructura petrolera.
Mayo 2009
El 15 de mayo, al no haberse establecido la nueva comisión, Alberto Pizango hace un llamado a la insurgencia. Sin embargo, se retracta en pocas horas gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo. Mientras tanto, la Comisión de Constitución del Congreso declara inconstitucional el DL 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre), quedando pendiente su discusión en el pleno del Congreso.
El 20 de mayo, por Decreto Supremo 031-2009-PCM, se crea la Comisión Multisectorial para iniciar el diálogo entre el gobierno y los nativos. En ella participan el Presidente de AIDESEP, Alberto Pizango y el Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon. Esta comisión tiene la misión de coadyuvar el análisis y búsqueda de acuerdos consensuados de los asuntos planteados por los amazónicos y el Estado.
Los diversos requerimientos de los amazónicos fueron aceptados por el ministro Simon. En esta agenda no se incluía la derogatoria de la ley 1090 que los amazónicos
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