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La llegada de nuevos jefes no habría sido una buena noticia para Galia Díaz, funcionaria del Consejo de la Cultura. Desde el cambio de gobierno, según relató su padre, había sido objeto de un acoso en su trabajo, especialmente con la persecución de sus jefes, lo que habría gatillado su traslado a Valparaíso.

Gala Díaz era una de las funcionarias que fallecería en el accidente de la Isla Juan Fernández.

Tiempo antes, otra trabajadora vivía una situación peor. Nora Melo decidió adoptar la religión musulmana, y de ahí en adelante comenzó a ser tratada por sus jefes como la “perra musulmana”; así comenzó una serie de hostigamientos que se intensificaron con el tiempo: le otorgaban sus descansos en un horario distinto del resto de sus compañeros, era aislada en un puesto de trabajo alejado de los demás, se le prohibía hablar árabe y se le conminaba frente a todos a irse a los países de su religión.

No es difícil reflexionar que sociedades autoritarias –como permanentemente se ha diagnosticado a la chilena- con históricos déficits en términos de tolerancia y diversidad, se reflejan en relaciones laborales fuertemente verticales, donde la línea del mando legítimo puede fácilmente superarse por la del acoso y el hostigamiento.

En ese caso, el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago razonó del siguiente modo: “la trabajadora Nora Melo Iribarren se vio afectada por los insultos y discriminación ejercida en su contra, traduciéndose aquello en un padecimiento que alteró su salud psíquica y le produjo sufrimiento, aflicción e impotencia de verse expuesta a tales acciones” y que, por tanto, corresponde el pago de una indemnización por daño moral, de cinco millones de pesos, y el cese inmediato del hostigamiento en su contra.

¿Que tendrían en común estas tristes historias?

Reflejan una realidad hasta ahora prácticamente ignorada en el debate público chileno: el acoso laboral – conocido como mobbing-. Esto es, el trato vejatorio y humillante del que es objeto persistentemente un trabajador, con el resultado de afectar significativamente su integridad física y síquica.

Y algo más. Estos casos son expresión simbólica –como puntas de un iceberg- de una realidad que estaría, como suele ocurrir en estos casos, mucho más extendida de lo que parece:

Según cifras de la Dirección del Trabajo, en 2007 se presentaron 5.727 denuncias por acoso laboral en ese órgano de fiscalización y en 2008 fueron 7.203. De ahí en adelante, para adecuarse a la nueva justicia laboral, ese organismo implementó un sistema general de denuncias de violaciones a derechos fundamentales de los trabajadores y no especialmente de acoso moral, como hasta esa fecha. Por ello, ahora dichas denuncias quedan incorporadas como casos de vulneración al derecho a la integridad

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