Reflexion Ecologia

En nuestro país, desde el año 1990 las políticas de infancia cambian su antiguo paradigma tutelar del niño hacia un enfoque de Derechos, en donde el estado de Chile ratifica la Convención de los Derechos del Niño, siendo necesario generar estrategias que pongan en acción esta declaración. A comienzos de esa década se formuló el Plan Nacional de Infancia y entrado el siglo XXI fue publicada la Política Nacional de Infancia y su Plan de Acción 2001-10. Nuestro país, como estado garante de la Convención, desarrolló marcos para orientar las políticas públicas relacionadas con la infancia, comprometiéndose a proteger y asegurar los derechos de la infancia y ha aceptado que se le considere responsable de este compromiso ante la comunidad internacional.

La Convención y su ratificación por parte de Chile, posicionó el tema de la Infancia y la necesidad de velar por su sano desarrollo en un político, social, económico y cultural, lo que repercutió en la necesidad de transformar algunas de las creencias y paradigmas al respecto, así como el posicionamiento de un instrumento jurídico que posibilita otra aproximación al sujeto niño en general y a aquel vulnerado en sus derechos en específico, ello en la medida en que las problemáticas sociales que afecten a niños, niñas y adolescentes y que atenten contra el ejercicio de sus derechos considerados como fundamentales, no será consignada como una situación de irregularidad, si no como una vulneración a los mismos y por tanto el Estado deberá buscar todos los mecanismos que posibiliten el ejercicio, la protección y restitución de ellos cuando se encuentren dañado, todo ello, fundamentado en las evidencias de la investigación contemporánea sobre desarrollo infantil, que avala la importancia que la infancia temprana tiene como cimiento fundamental de la trayectoria posterior de las personas.

Si bien el Estado ha realizado cambios en la oferta pública, aún existen falencias en cuanto a generar una real protección a la infancia, en la cual el estado responda oportunamente. Es así cómo se puede señalar que niño que han sido vulnerados en sus derechos, víctimas de negligencias o malos tratos por sus figuras parentales (o figuras significativas) la respuesta del Estado, está en proteger a este niño de este contexto desfavorable, esto a través de la búsqueda en la red familiar de algún adulto que pueda brindar los cuidados que el niño necesita, no obstante, al no existir red familiar la siguiente opción es la internación en residencia, frente a tales situaciones se visualiza que en todo momento es el niño quien debe adaptarse al contexto que el estado determine, ante lo cual escasamente se escucha la opinión del niño, ya que en todo momento son los adultos quienes toman las decisiones respecto al contexto en el cual el niño debe estar.

Por otra parte, se visualiza que el Estado responde principalmente en un eje reparatorio del daño, más que un ámbito de prevención, es decir, hoy en día existe una gran gama de programa de protección de la red SENAME (PRM, PLA, PLAE, PIB, Residencias, PIE, OPD, entre otros) enfocados en reparar un daño ya realizado a niños en principalmente en sus contextos familiares, ya sean de mediana como alta complejidad. Sin embargo, se visualiza escaso el trabajo preventivo a estas vulneraciones de derecho, existiendo solo un programa que se enfoca en ello, los PPC, que tampoco se encuentran en todas las comunas del país, ante lo cual habitantes de comunas pequeñas en donde existe escasa presencia del Servicio Nacional de Menores no se instala una cultura de prevención a la infancia y los niños de los sectores más aislados y rurales, cotidianamente no se ve protegidos plenamente respecto a sus derechos y es en tales sectores donde las vulneraciones son más graves, y complejas, no siendo oportuna la respuesta de la política pública u omitiendo aquellas acciones que podrían responder a estas necesidades detectadas (Human Business, 2013)

Por último, observamos la falta de integralidad e intersectorialidad para abordar las problemáticas de infancia y adolescencia “si miramos la oferta según el ciclo de vida de sus destinatarios, podemos ver que en la etapa de gestación predomina la oferta de salud y protección social, especialmente aquella articulada por el sistema “Chile Crece Contigo”. En los menores de 13 años predomina la oferta de educación, salud y protección contra los malos tratos. En los adolescentes entre 14 y 18 años, la oferta corresponde preferentemente a educación escolar y a la atención de infractores de ley, con una notoria ausencia de programas dirigidos a promover la participación, educación sexual y desarrollo cultural, entre otros derechos” (Observatorio Nacional de Infancia, 2009). Si bien los antecedentes anteriores nos permiten establecer desafíos pendientes en el área de la protección infantil por parte del Estado, también debe destacarse que las Políticas Públicas para la Infancia han ido tomando conciencia de la necesidad de abordar la inequidades desde su origen mismo y mejorar, de esta forma, la salud y el bienestar de las personas, la comunidad y la sociedad en su conjunto, poniéndose un énfasis en la ética del desarrollo humano, el conocimiento científico y la discusión actual de políticas sociales tanto a nivel nacional como internacional.

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