Clausula Clavo

cláusula Calvo

Se llama así a la estipulación de renuncia de protección diplomática que se incorpora a los contratos entre un Estado latinoamericano y un ciudadano o corporación extranjeros, en virtud de la cual éstos no pueden acudir a su gobierno para defender sus derechos contractuales ni para formular reclamaciones contra la otra parte con ocasión o por consecuencia del contrato que les vincula.

La renuncia por una persona jurídica o natural a la protección diplomática del Estado al que pertenece tiene el efecto, en la teoría y en la práctica del Derecho Internacional, de tornar inviables las reclamaciones de los Estados en defensa de los intereses de sus nacionales en el exterior, que fueron tan usuales a fines del siglo XIX y principios de este. Los Estados solían tomar a su cargo la defensa de los derechos contractuales de sus ciudadanos en el exterior cuando consideraban que ellos habían sido vulnerados y ejercían toda la presión necesaria para que sus reclamaciones sean atendidas. Esto coincidió con el crecimiento de las inversiones de capital privado norteamericano y europeo en los países de América Latina, que dio lugar a numerosas reclamaciones diplomáticas y a inevitables fricciones internacionales.

La cláusula Calvo enerva esta posibilidad. A partir de ella todo conflicto que surja entre las partes no será materia del Derecho Internacional ni de reclamación diplomática sino del Derecho interno del Estado donde se han realizado las inversiones, que debe ser resuelto por los jueces ordinarios de éste.

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