Derechos Humanos

1. Derechos Humanos en Colombia:

Desde la segunda mitad del siglo XX, una de las exigencias más apremiantes que se le

hace a los Estados contemporáneos es que propicien formas de organización social

aptas para la vida democrática. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en

1948 propuso, una nueva configuración “jurídico-política derivada de la actividad

intervencionista del Estado. Dicha propuesta esta fundada en nuevos valores-derechos

consagrados por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta

institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de

control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la creación de

un catálogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación

y el funcionamiento de la organización política” [2] .En nuestro caso, este marco normativo

se fortalece partir de la Carta Política de 1991 que proclama a Colombia como un Estado

Social de Derecho.

Sin embargo, la situación vivida por los colombianos en las últimas décadas llena de

sombras cualquier reflexión acerca de los derechos humanos. La zozobra se apodera de

vastos sectores de la población; intelectuales, políticos, empresarios, campesinos,

ciudadanos de la calle, medios de comunicación, entre muchos otros, no escapan a la

pesadumbre de la guerra. Los informes sobre la violación sistemática de los derechos

son cada vez más alarmantes y sus índices de vulneración aumentan constantemente.

Resulta paradójico, que el actual estado de cosas se genere luego de la promulgación de

la carta constitucional de 1991, que buscaba precisamente menguar el clima de violencia

generalizado en casi todos los escenarios de la sociedad. Hoy, once años después,

pareciera que la realidad se resistiera a cambiar y que la suma de nuestras adversidades

y vicisitudes hubiera domesticado los principios democráticos y sociales de la carta.

Pero esta situación no es nueva. La historia política colombiana ha estado marcada por la

tensión existente entre estabilidad institucional y el uso de la violencia para

imponer acuerdos sociales. Podríamos decir que las vías consensuales han sido en gran

parte inoperantes. Pese a lo anterior, la institucionalidad republicana se ha visto

desplazada en forma definitiva en contadas excepciones y, ella misma, ha aprendido a

convivir con variadas situaciones de violencia que retan incesantemente su estabilidad y

legitimidad. Por solo poner un ejemplo, en el país se experimentaron once guerras civiles

entre 1811 y 1958 y a su vez, se promulgaron quince Constituciones Nacionales entre

1811 y 1886 [3] . Se ha dicho al respecto que en el siglo XIX cada soldado llevaba una

constitución en su mochila.

Ahora bien, éstas manifestaciones de violencia no han sido estáticas, ellas se han

transformado históricamente; sus causas, sus argumentos legitimantes, sus formas de

operar, y su financiación no han sido las mismas. Según algunos analistas, se ha vivido

una guerra civil no declarada motivada por razones diversas como el bipartidismo político

excluyente, las luchas insurgentes y contrainsurgentes etc.. El narcotráfico por ejemplo,

contribuyó a la mutación y agudización de la violencia existente en las últimas décadas

del siglo XX y generó a su vez, nuevas razones y actores que entraron en choques

directos entre si y obviamente contra el Estado. No en vano “el rasgo característico del

espectro colombiano desde por lo menos la década del ochenta es la multiplicidad de

violencias en términos

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