Reforma Energetica

Este sexenio ha comenzado con acciones concretas, y cambios profundos, que empiezan a marcar un nuevo rumbo para nuestro país. Este es el caso de la aprobación, en el Poder Legislativo, de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto, la cual establece una nueva estructura que favorecerá la realización de un gobierno eficaz.

Las modificaciones planteadas por el Ejecutivo, y respaldadas por el Legislativo, sin duda, permitirán una mejora en la administración pública. La desaparición de la Secretaría de la Función Pública, la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria, el fortalecimiento de la Secretaría de Desarrollo Social, la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, son pasos importantes para la gobernabilidad y los buenos resultados que demanda y merece la sociedad.

En este mismo sentido, el reordenamiento de las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, para que, además de desempeñar las tareas que realiza históricamente, coordine al gabinete presidencial, implemente las estrategias anticrimen y absorba las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública, contribuirán a que exista una atención integral de la seguridad de los mexicanos.

Sin embargo, entre los cambios propuestos y aprobados desde el Senado hay aspectos que contravienen a la Constitución Política, en específico, lo indicado en la fracción XVI del artículo 27 en cuanto a que la designación del comisionado nacional de Seguridad y del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tengan que ser ratificados por el Senado de la República.

En nuestro país hay una clara división de poderes y el Ejecutivo es el responsable de nombrar y remover funcionarios; la Constitución señala, específicamente, los casos en los que otro poder puede intervenir, de tal forma que en el PRI no estamos de acuerdo en que se otorguen facultades, al Poder Legislativo, que la Constitución no contempla. Se trata de respetar la Constitución y apegarnos a lo que la misma dispone.

Por ello, una vez que esta ley sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, interpondremos un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el objetivo de que el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no se contraponga con las facultades del Ejecutivo establecidas en la Constitución.

Otros partidos también han manifestado su preocupación por las modificaciones que pretenden que el Legislativo tenga atribuciones que la Constitución no establece, así que llevaremos a cabo las acciones antes mencionadas para que sea la SCJN la que tenga la última palabra.

En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos de la efectividad de las reformas que propuso el Presidente Enrique

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