La Economia

POLITICA ECONOMICA EN EL GOBIERNO DE HIPOLITO MEJIA DOMINGUEZ 2000 – 2004)

Las primeras medidas tomadas por la administración de Don Hipólito Mejía Domínguez fue la de establecer un impuesto fijo por galón de combustible. Esta medida fue complementada con otras relacionadas con el consumo de hidrocarburos, las cuales tuvieron un impacto inmediato. Ya que las recaudaciones por concepto del diferencial del petróleo pasaron de un promedio mensual de 176 millones de pesos, que se habían recaudado en el periodo enero-agosto, a un promedio mensual de 429 millones para septiembre- diciembre de ese mismo año. Posteriormente, el Congreso Nacional aprobó, en noviembre de ese mismo año, la Ley de Hidrocarburos, que eliminó definitivamente la discrecionalidad en el establecimiento de los precios domésticos de los combustibles, pues esa ley estableció que en lo adelante se haría un ajuste semanal de los precios de los hidrocarburos, que se calcularían sobre la base de la variación de los precios de paridad de importación y establecía un monto fijo de diferencial por galón para cada tipo de combustible. La otra acción que tomó el Gobierno en sus primeros meses de gestión, fue lograr para el 26 de diciembre del 2000, la aprobación de un nuevo arancel de Aduanas que se venía discutiendo desde hacía muchos años. El nuevo régimen estableció cinco tasas arancelarias básicas de 0, 3, 8, 14 y 20% para las importaciones, manteniendo algunas exenciones para rubros agropecuarios muy sensibles y estratégicos. A fin de compensar la disminución de la recaudaciones que el nuevo arancel traería, las Cámaras Legislativas también aprobaron en la misma fecha, una importante y controversial modificación del Impuesto Sobre la Renta, cuyo elemento principal fue el establecimiento de un pago 1.5% sobre los ingresos brutos de las empresas, que funcionaría como anticipo al pago de dicho impuesto. Esta modificación del Impuesto Sobre la Renta, causo grandes disgustos en la clase empresarial del país, pues era evidente que en algunos casos, ciertas empresas no podían tener beneficios, como eran aquellas de reciente creación que todavía no habían alcanzado el punto de equilibrio o aquellas que enfrentaban problemas coyunturales. La reforma fiscal de diciembre del 2000, también aumento de un 8 a un 12%, la tasa del impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITIBIS), lo que constituía una pesada carga para los contribuyentes. Asimismo, estableció nuevas tasas de impuestos selectivos para algunos vehículos, así como otros bienes de consumo como las bebidas, las cervezas y los cigarrillos. Como siempre ha sucedido cada vez que aumentan súbitamente los precios internacionales del petróleo, el alza ocurrida en el 2000 golpeó de nuevo en forma severa a la economía de los Estados Unidos, para perjuicio no sólo del pueblo norteamericano, sino también, de todas las economías que mantienen una gran interdependencia con esa Nación.

En caso de la República Dominicana nuestras exportaciones al mercado norteamericano habían mantenido un crecimiento anual promedio superior al 5% en los últimos cinco años anteriores al 2001. Sin embargo, en el 2001 las exportaciones totales del país cayeron en 403 millones de dólares, entre ellas, 232 millones de productos provenientes de nuestras zonas francas. Este fue el segundo gran choque externo que tuvo que enfrentar la economía dominicana, en apenas dos años, pues además de tener que pagar 634 millones adicionales por la compra de petróleo, ahora veíamos disminuir nuestros ingreso por concepto de exportaciones, en más de 400 millones de dólares. Para el inicio del Siglo XXI, el turismo se había convertido en la actividad que más ingresos de divisas proporcionaba a la economía dominicana. Los ingresos por este concepto habían crecido a una tasa anual promedio superior al 12% en los últimos cinco años, hasta el año 2000. Lo que significaba que, en promedio, los dominicanos recibíamos todos los años alrededor de 250 millones de dólares adicionales, los que utilizábamos para poder comprar parte de la creciente cantidad de bienes que importamos. El 11 de septiembre del 2001 sucedió un acontecimiento que estremeció la humanidad, al producirse un ataque terrorista en dos de las principales ciudades de los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de New York, donde quedaron completamente destruidas las torres gemelas del Centro de Comercio Mundial, con la pérdida de vida de miles de ciudadanos indefensos. Con estos ataques, el terrorismo internacional, no sólo había infligido una profunda herida a ese país, sino que también, causó un gran daño al turismo mundial, pues los viajeros se sintieron de pronto inseguros en cualquier parte del mundo. En el caso dominicano, en el segundo y tercer trimestre del 2001 se había producido una contracción de flujo turístico del 5.7 y 5.6% respectivamente. En el cuarto trimestre la reducción fue de un 22.1%. De esta forma, para el último trimestre del 2001, es decir, después del 11 de septiembre, los ingresos por concepto de turismo cayeron a tan sólo 521 millones de dólares, inferiores en más de 150 millones a lo que habíamos recibido el trimestre anterior, que ya estaba menguado. Esta situación no se recuperó sino hasta dos años después, ya que en el 2002, los ingresos fueron incluso más bajos que los que recibimos dos años antes por esta actividad. Los ingresos de turismo, en lugar de seguir creciendo al 12% anual como lo venían haciendo en los últimos años, de pronto comenzaron a reducirse, precisamente en el momento que más se necesitaban para poder hacer frente al aumento de la factura petrolera. Para el mes de junio del 2001, el Gobierno había tomado la decisión de recurrir a los mercados de financieros internacionales para colocar una emisión e bonos soberanos por la suma de 500 millones de dólares. Esta había sido una sugerencia de la Fundación Economía y Desarrollo, que también asesoraba el Gobierno en asuntos económicos. La colocación finalmente se logró el 20 de septiembre de ese año, tan solo nueve días después de los acontecimientos terroristas ocurridos en New York ese mismo mes. Al concluir el 2001 el crecimiento de la economía dominicana había sido de un 2.7%. Esta tasa aunque muy inferior a las que había tenido la nación en los últimos seis años, resulto ser 5 veces más altas que el promedio de los países de la América Latina, que también atravesaban por una situación difícil. Este resultado se vio favorecido por el influjo de los 500 millones de dólares provenientes de los Bonos Soberanos, especialmente, en el último trimestre, cuando se acentuó el repunte de las construcciones públicas. El comportamiento de la actividad económica fue muy cambiante durante el 2002, pues los recursos provenientes de los Bonos Soberanos determinaron que así fuese. En los primeros dos trimestres de ese año, el crecimiento de la economía fue de un 4.3 y 7.6%, respectivamente.

Estas altas tasas de crecimiento se debieron al incremento del gasto público, que fue financiado con parte de los recursos de los Bonos Soberanos que se habían depositado en el Banco Central, en espera de que el Gobierno se los fuera requiriendo. De esta forma, los gastos de capital se incrementaron en 23.0%, con relacional año anterior, concentrándose la mayor parte de este gasto, en los primeros ocho meses del año. Esta activación de la economía inmediatamente se tradujo en un incremento de las importaciones, aunque ligeramente, pero como los ingresos de divisas por concepto de turismo y zonas francas se mantenían deprimidos, el resultado fue un incremento del déficit en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, que no pudo ser financiado por ingresos en la cuenta de capital, por lo que una buena parte de ese déficit tuvo que ser cubierto con el uso de Reservas Internacionales Brutas, las cuales cayeron de 1,340 millones de dólares a que habían llegado en diciembre del 2001, como consecuencia de la entrada de los Bonos Soberanos, a tan sólo 828 millones en diciembre del 2002. Esto significó una pérdida de 512 millones de dólares, suma incluso mayor que el monto de los Bonos. Esta caída de las reservas a su vez provocó una reducción de la emisión monetaria, y con ello, del crecimiento de la economía, lo que sucedió en la segunda parte del año 2002, cuando el crecimiento del PBI se volvió a reducir a tasas del 2.0 y 2.7%, respectivamente, en los últimos dos trimestres del año. Por otro lado la banca comercial enfrentaba sus propios problemas. Debido a crecientes dudas sobre la estabilidad de la moneda nacional, los clientes estaban cambiando sus depósitos en pesos por depósitos en dólares, hasta el punto de que estos últimos pasaron de un 30 a un 39% del total, durante el 2002. Por otra parte, en los últimos meses de ese año, se incrementaron en la ciudadanía los rumores sobre la solidez de algunos bancos importantes del sistema y sobre el retiro que se estaba produciendo en sus depósitos. Para principio del 2003, el entonces gobernador del Banco Central Frank Guerrero Prats informo en una reunión a tres miembros de la Junta Monetaria, que en los últimos meses los depositantes de BANINTER le habían retirado alrededor de 9,000 millones de pesos, y que por estas razones, el Banco Central había tenido que salir en auxilio de dicho bando, facilitándole recursos por unos 5,500 millones, en adición al uso de las reservas de Encaje Legal a que tenía derecho. BANINTER mantenía antes del retiro de esos depósitos, un buen índice de solvencia y que esta había sido la razón por la cual las autoridades del Banco Central habían decidido salir en su rescate, sin hacer ruido. La búsqueda de una satisfactoria se complicaba aún más, debido a que para esos días el tema cambiario también estaba ocupando la atención de los miembros de la Junta Monetaria, pues la tasa de cambio se había colocado alrededor de los 22.0 por dólar, como consecuencia, entre otras cosas, del aumento que se había producido en la emisión monetaria resultado de los recursos otorgados a BANINTER. Por lo tanto, el tema cambiario estaba íntimamente relacionado con la incipiente crisis bancaria, y también, requirió la realización de numerosas reuniones de las Autoridades Monetarias con agentes de cambio, empresas remesadoras y bancos comerciales. Para marzo 2003, ya se había acordado, en principio, la absorción de BANINTER por parte del Banco del Progreso, sobre la base de un contrato de venta que contemplaba una auditoría independiente para determinar la verdadera situación del banco. Cuando la referida auditoria se realizó a profundidad, se descubrió que la verdadera situación de BANINTER no era la que reflejaban las informaciones entregadas a la Superintendencia de Bancos.

Esa auditoría realizada por el Banco del Progreso arrojó que BANINTER escondía en sus informes contables un banco paralelo que era en realidad mucho mayor que el visible, pues una gran parte de las operaciones de depósitos y de créditos no se registraban en los libros oficiales del banco. Frente a esta realidad no prevista en el contrato de venta, el Banco del Progreso decidió no continuar con la operación, pues incluso, corría el riesgo de ser arrastrado por un retiro masivo de depósitos. Por esta razón, y ante la imposibilidad de buscar otra salida a este caso, la Junta Monetaria designó, finalmente, en el mes de abril, una comisión interventora para que se hiciera cargo de BANINTER. La situación era tan grave; que se estaba ante la presencia de malas prácticas contables y de un fraude colosal llevado a cabo en el banco más del país. Antes de la crisis, BANINTER se consideraba como el tercer banco más grande del país, pues sus libros arrojaban activos por unos 26,000 millones de pesos. Sin embargo, cuando se le sumaba el banco paralelo, que era de unos 55,000 millones, las operaciones totales alcanzaban los 81,000 millones, lo que lo convertía en la realidad en el banco más grande de la República Dominicana, incluso algo superior a la suma del segundo y tercer banco del país, es decir del Banco de Reservas y el Banco Popular. En una visita oficial realizada a Washington en el 2003, el presidente Mejía se reunió, con el Señor Eduardo Aninat, quien era Subdirector Gerente del Fondo Monetario Internacional, al cual se le explicó la nueva situación que se le había presentado a la República Dominicana y se le dijo que estábamos considerando la posibilidad de solicitar asistencia del FMI. No se trató de una solicitud formal, pero si de un primer contacto al mas alto nivel, que poco tiempo después se formalizó por los canales correspondientes. Posteriormente, el 14 de junio del 2003 llegó al país una amplia misión del Fondo para comenzar formalmente las negociaciones. Así se inició un difícil período de conversaciones que se prolongó por 41 días, pues a medida que avanzaban las negociaciones se iban presentando nuevos acontecimientos en el sector financiero, como fueron los problemas surgidos por malas prácticas contables, préstamos vinculados y otras anomalías tanto en el Banco Mercantil, como en el Banco Nacional de Crédito (BANCREDITO), los cuales agravaron la ya difícil situación financiera del país, pues el Banco Central también tuvo que salir en auxilio de estas dos instituciones. Mientras se llevaban a cabo las negociaciones con el Fondo Monetario, el Banco Central tuvo que continuar asistiendo a los tres bancos con problemas, lo que al final del proceso le representó un enorme costo 109,150 millones de pesos. El monto de la asistencia financiera a estos tres bancos no precedente en nuestra historia y superaba en más de tres veces el monto total de la emisión monetaria del país, antes de la crisis. Representaba alrededor de un 20% del PBI, con lo que superaba a cualquier otra crisis bancaria del Continente.

Finalmente, el 25 de julio concluyeron las negociaciones, y el 29 de agosto, el Directorio del FMI aprobó un programa Stand – By de dos años de duración con un apoyo financiero de aproximadamente 600 millones de dólares. El programa acordado con el FMI era muy restrictivo, lo que se reflejaba en una reducción del PBI de un 3.0% en el 2003, y apenas una recuperación de 0.5%, en el 2004. Asimismo, se había proyectado que la inflación en el 2003 sería de un 35.0%, debido al aumento de la tasa de cambio, aunque se esperaba que fuese inferior al 10% en el siguiente año.

Los subsidios a la electricidad y al GLP llegaron a representar una parte considerable del gasto público, que fue aumentando en la medida en que la tasa de cambio siguió subiendo, y por tanto, el costo de importación del petróleo y sus derivados. Sólo a manera de ejemplo, en el Presupuesto Nacional del 2004 se contemplaron gastos por concepto de estos subsidios por la suma de 6,350 millones de pesos, la cual en la realidad, resultó ser mucho mayor. Estos subsidios tuvieron que otorgarse para no cargar más el peso del ajuste sobre los sectores de menores ingresos relativos. La causa principal de la crisis bancaria fueron las malas prácticas contables y los fraudes ocurridos en algunos bancos del sistema, así como la incapacidad de los gobiernos para detectarlos oportunamente. Por tanto, la verdadera culpa del gobierno del presidente Mejía, había sido el no haber detectado a tiempo esas irregularidades, no en su manejo presupuestario o en el gasto excesivo, por lo menos, hasta el 2002. Otras de las causas por lo cual ocurrió se debe encontrar en la debilidad institucional de las autoridades, en este caso la incapacidad de la Superintendencia de Bancos durante los últimos gobiernos para detectar las irregularidades que estaban cometiendo los bancos. También, en la debilidad de las auditorías externas que hacen empresas privadas de prestigio, las cuales se exigen y se pagan, precisamente para tener seguridad de que no se están cometiendo irregularidades en los procedimientos contables. Además, otra buena parte se debe al excesivo poder que han logrado concentrar algunos sectores económicos, lo cual los hace prácticamente invulnerables. El enorme poder acumulado por determinados grupos empresariales en las últimas décadas, ha obligado a los políticos a buscar de sus respectivos partidos o sus tendencias, lo que generalmente ha tenido un alto costo para el Estado, pues estos apoyos políticos nunca son gratuitos. Durante los 41 días que duraron las negociaciones con el FMI ocurrieron algunos acontecimientos como los de BANCREDITO y Banco Mercantil, que provocaron un aumento del crédito del Banco Central, así como de la colocación de nuevos certificados de dicha institución. Esto incrementó el déficit consolidado del Sector Público, lo que obligó a tener que buscar recursos fiscales adicionales, a los que ya se habían consensuado tanto con la misión del FMI, como con el sector empresarial. De ahí surgió la idea de gravar al único sector que se estaba favoreciendo con la crisis, es decir, a los exportadores de bienes y servicios que se beneficiaban de una tasa de cambio mucho más alta que la prevaleciente hasta antes de la crisis, lo que les permitía recibir muchos mas pesos, por la misma cantidad de dólares exportados. Como consecuencia de ese razonamiento, algunos asesores del Gobierno propusieron la creación de un impuesto del 5% sobre las exportaciones, que equivalía a una reducción de la tasa de cambio de la misma magnitud. La tasa de cambio rondaba en esos momentos alrededor de 35.0 pesos por dólar. El impuesto del 5% equivalía a la reducción de la tasa de cambio a 33.2 pesos por dólar, la que todavía resultaba sumamente atractiva para los exportadores. Esto no basto para que dicha medida tuviera la oposición de la Dirección General de Impuestos Internos, de la Banca Comercial, de los Senadores y demás Legisladores, los Hoteleros y los dueños de las Zonas Francas. Debido a las dificultades que tuvo Unión Fenosa para el cumplimiento de los acuerdos contractuales: las altas deudas con las empresas generadoras de energía, esto a su vez, generaba otra dificultad en el suministro de energía a los consumidores. Todas estas variables se presentaron como el principal obstáculo para la sostenibilidad financiera del sector eléctrico.

La situación se había deteriorado hasta el punto, de que poco antes del viaje del presidente Mejía a Madrid, el cual había recibido una honrosa invitación que le hacían los Reyes de esa Nación para el 13 de septiembre del 2003, la empresa Edenorte tenía serias dificultades en el suministro de energía a la región norte del país e incluso se temía que pronto se declararía en bancarrota, dejando sin energía a esa importante región. Frente a esta grave situación y a la víspera del viaje a España del Presidente de la Republica, el Gobierno decidió comprar las acciones que tenía Unión Fenosa, tanto en Edenorte como en Edesur: por instrucciones del presidente Mejía, estas negociaciones las llevaron a cabo con la mayor reserva el Secretario de Finanzas y el Director de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Tan pronto el FMI conoció la noticia de la compra del Edenorte y Edesur, se produjo una conmoción que tuvo repercusiones sumamente graves para la continuidad del programa que hacía pocos meses se había acordado con esta institución. La primera reacción del FMI fue tratar de que el Gobierno revirtiera la compra. Lamentablemente se había producido un hecho que lo dificultaba, ya que inmediatamente se llegó a un acuerdo entre el Gobierno y Unión Fenosa, esta ultima procedió a cancelar el préstamo que le había concedido el BID tiempo atrás, precisamente para poder completar el monto de la capitalización. Esta fue una de las razones que el Secretario de Finanzas esgrimió para sostener que era imposible dar marcha atrás a la operación, pues entre otras cosas, también se tendría que cancelar el pago realizado al BID, lo que era prácticamente imposible.

Las repercusiones de esta compra fueron funestas para el Gobierno y para todo el país. No solo se había suspendido el acuerdo con el FMI, lo que volvía a traer intranquilidad en el mercado cambiario, sino que además, esta compra fue interpretada por algunas personas en el exterior, como una señal de que la República Dominicana quería echar hacia atrás el proceso de capitalización que se estaba llevando a cabo a escala internacional, el cual lo habían acordado prácticamente todos los países del mundo, por lo que se había constituido en uno de los principales objetivos de la política económica trazada por las grandes potencias mundiales. Por lo tanto, los organismos internacionales de financiamiento y algunos gobiernos de naciones extranjeras consideraron que había que enviar un mensaje contundente a esta pequeña isla del Caribe. Ya para el 15 de octubre vino al país una misión de expertos internacionales para que evaluara el impacto que había tenido la compra sobre las finanzas públicas, el sector eléctrico y la gobernabilidad de la República Dominicana. En el informe sometido por el Panel de expertos el 25 de noviembre del 2003, se confirmaba el impacto negativo que la compra había tenido sobre el monto de la deuda pública bruta del país, la cual había aumentado en unos488.4 millones de dólares, pues además del pago realizado y los compromisos de pago contraídos, el Gobierno absorbió parte de los pasivos de las compañías adquiridas. El Panel también encontró que el precio de compra ascendente a 348.7 millones de dólares, se decidió exclusivamente sobre la base del valor en libro que no se tomo en consideración el valor presente neto del futuro flujo de caja de las compañías, tal y como se hizo cuando Unión Fenosa adquirió el 50% de las acciones de las Edes en el 1999. Luego de haberse superado el impasse que se creó como consecuencia de la compra de Edenorte y Edesur, se reanudaron las negociaciones con el BID en Washington para solicitarle ayuda financiera para poder mitigar los efectos sociales que tendrían las medidas de ajustes económicos sobre los segmentos mas empobrecidos del país.

De esta forma, el 23 de enero del 2004, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó en una reunión extraordinaria el préstamo de 200 millones. Este préstamo contemplaba tres componentes. El primero, era asegurar un contexto macroeconómico consistente con los objetivos del programa con el FMI. El segundo componente, era asegurar la disponibilidad de financiamiento para una ejecución oportuna de los programas sociales prioritarios dirigidos amortiguar el impacto del ajuste fiscal sobre la población, y el tercer componente, tenía como objetivo evitar que se pudiesen entorpecer las reformas que había en marcha en los sectores de educación, salud y asistencia social. Un primer desembolso de ese préstamo por la suma de 150 millones de dólares ingresó en ese mismo mes de enero y sus efectos fueron sumamente provechosos. Tan pronto el FMI hizo de público conocimiento que había llegado a un acuerdo con el gobierno de la República Dominicana, la tasa de cambio comenzó a disminuir de 52.0 pesos por dólar a que había llegado en el mes de enero, hasta 45.0 que promedió en el mes de abril. Las únicas razones que estaban provocando el alza de la tasa de cambio eran la salida de capitales y la especulación que estas expectativas creaban en el mercado cambiario. Esta situación llevó a algunos funcionarios a recomendar al presidente Mejía la adopción de medidas drásticas contra la especulación cambiaria, tal y como lo habían tratado de hacer, en situaciones semejantes, primero el presidente Jorge Blanco y posteriormente el presidente Balaguer, dentro de la tristemente recordada “Operación Duarte”. Así que se sostuvo una reunión en el Palacio Nacional, con la presencia de miembros del Gabinete, así como de altos jefes militares y policiales que sinceramente creían que tenían el poder par controlar la especulación. Las reacciones no se hicieron esperar. Inmediatamente la noticia llegó a los organismos internacionales, se prendieron todas las luces rojas. Por tanto, no quedo mas remedio de echar hacia atrás dicha decisión. Finalmente, el presidente Mejía, al igual que Balaguer en su momento, entendió que esa no era la vía mas expedita par controlar la tasa de cambio y tomó una serie de acciones que revertía la operación, las que fueron recibidas con satisfacción por el FMI y otros organismos financieros internacionales, con lo cual ese capítulo de la crisis económica quedó resuelto, aunque había dejado sus malos sabores en algunos círculos nacionales y extranjeros. En la cumbre de Jefes de Estado celebrada en Miami en el año 1994, con la participación de 34 países, los gobiernos del continente habían expresado el compromiso de iniciar un proceso que culminara con la conformación de un área de libre comercio que cubriría desde Alaska hasta la Patagonia. Las negociaciones formales se iniciaron en 1998, pero no fue hasta el 2002 cuando se comenzó a negociar los aspectos puntuales referentes al acceso a mercados que son la médula de cualquier acuerdo de libre comercio. Para ese entonces, se había acordado, que las negociaciones deberían concluir en enero del 2005 a fin de que el Acuerdo pudiese entrar en vigencia a finales de ese mismo ano. Tanto en la Asociación de Industrias como en la Junta Agro empresarial, las reuniones eran interminables, pues cada sector quería garantizar la mayor protección posible. Por su parte, el Gobierno utilizó prácticamente la misma organización que se había creado para negociar con Centroamérica y CARICOM, quedando por lo tanto, la mayor responsabilidad en la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores, la cual se mantuvo en permanente consulta con el sector privado, como era tradición.

Las negociaciones con los Estados Unidos se llevaron a cabo en apenas tres meses, cuando a Chile, un país mucho más preparado que nosotros le habían tomado más de dos años.

Para estos fines, el presidente Mejía designó como jefa negociadora a la Secretaria de Industria y Comercio, Sonia Guzmán, que si bien no tenía experiencia en este tipo de negociaciones se trataba de una de las mejores funcionarias del Gobierno, quien tenía un fino tacto y además una gran firmeza de carácter. La Secretaria Guzmán y su equipo negociador hicieron todo lo que les fue posible, y en términos generales, llevaron a cabo unas negociaciones satisfactorias, dentro de las circunstancias. La República Dominicana consintió adherirse al acuerdo negociado por los centroamericanos, es decir aceptó los textos del acuerdo, pues en la realidad no tenía muchas otras opciones, pero pudo negociar aspectos puntuales en materia de liberalización de bienes. Asimismo, negoció una serie de reservas en las áreas de servicios, inversiones y compras gubernamentales, que fueron positivas. En materia arancelaria, que era el punto más importante, la República Dominicana accedió a liberalizar de manera inmediata un monto inferior al 80% del comercio, que habían negociado los centroamericanos, cuidándose de proteger; en el marco de lo posible, aquellos productos más sensibles. Sin embargo, en materia azucarera los resultados fueron perjudiciales para nuestro país, pues lo lógico hubiese sido excluir de las negociaciones, todo lo referente al comercio de azúcar y demás edulcorantes, como el jarabe de maíz rico en fructosa, pues estos productos estén altamente subsidiados y protegidos en numerosas naciones desarrolladas, y por tanto, solo a través de una negociación con carácter mundial, donde también intervengan las naciones europeas, se puede llegar a un acuerdo satisfactorio y justo para todas las partes. Esta había sido una posición de consenso que por décadas habían mantenido incluso los productores y el propio gobierno de los Estado Unidos.

En términos generales, al finalizar el periodo de transición, el cual será de 10 años para los productos industriales y de hasta 20 años para algunos productos agropecuarios, todo el comercio con los Estados Unidos estará libre de aranceles. Sin dudas el TLC con los Estados Unidos iniciará una nueva etapa par el país con grandes retos, oportunidades y amenazas, que requerirían de grandes transformaciones en le aparato productivo nacional, así como en el funcionamiento de las instituciones públicas. La primera revisión del nuevo acuerdo con el FMI estaba programada para ser realizada sobre la base del cumplimiento de las metas acordadas para el mes de marzo del 2004, es decir, el trimestre anterior a las elecciones presidenciales de ese año. El Presidente dio instrucciones de que quería que se cumpliera con lo acordado, por lo que se sabía que las repercusiones negativas que tendría el incumplimiento del programa con el FMI. Sin embargo, para sorpresa de algunos, las metas fiscales no se cumplieron, especialmente, las referentes al gasto público, que parecía estar completamente controlado, de acuerdo a lo que explicaban con regularidad el Director de Presupuesto. La razón, existían unos gastos que correspondían a desembolsos de préstamos externos que ingresaban al país no en efectivo, sino a través de importaciones, como eran, por ejemplo, las importaciones de tuberías que se adquirían para los múltiples acueductos que se estaban construyendo en esos momentos; equipos para hospitales o para la construcción; instalaciones de líneas de transmisión de electricidad; equipos militares, etc. Estas fueron las razones fundamentales por las cuales el Gobierno no pudo cumplir con las metas acordadas con el FMI durante el primer semestre del 2004, a pesar de los empeños en lograr esa meta. Por estas razones, se dieron instrucciones para que se suspendieran de inmediato todas las importaciones financiadas con préstamos externos hasta tanto del Gobierno pudiese compensar dichos gastos con nuevos ingresos fiscales.

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