Derecho Penal

2) Impuesta conforme a ley

Esta afirmación se traduce en dos consecuencias: una de orden formal y otra de orden material:

Formalmente, la privación de derechos que supone la pena para el que la sufre ha de ser impuesta, conforme al principio de legalidad penal mediante Ley orgánica, según lo establecido en el art. 81 de la Constitución. De esta forma, la ley actúa como garante de seguridad jurídica: un reglamento no puede imponer ninguna pena ni modificarla. Por su parte, el legislador tiene que conceder un margen de actuación al Juez para que pueda satisfacer exigencias derivadas del principio de igualdad, lo que le lleva, en el momento actual, a establecer penas relativamente determinadas que deben, ser concretadas por el juez en su sentencia. Tiene que darse un equilibrio entre las exigencias de seguridad e igualdad. Así mismo, el principio de legalidad ha de tener vigencia durante la ejecución de la pena art. 3.2 CP: “no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley y…”.

Desde la perspectiva material, la pena ha de ser popular. Esto significa que cuando el parlamento procede a la tipificación de determinadas conductas, así como a la determinación de la pena a imponer, ha de reflejar el sentir de la colectividad, en la medida en que en un estado democrático, ha de reflejar la opinión mayoritaria. No sólo la incriminación de determinadas conductas, sino el quantum y la clase de pena.

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