Discurso Politic

Se conoce como la Matanza de los penales a una serie de acciones militares ocurridas en el Perú entre el 18 y el 19 de junio de 1986 a raíz del amotinamiento de los presos acusados de terrorismo recluidos en las prisiones de San Juan de Lurigancho y El Frontón y en la cárcel de mujeres de Santa Bárbara, ubicadas en las provincias de Lima y de Callao. La respuesta policial y militar con la que se reprimió este motín tuvo como resultado la pérdida de casi 300 vidas entre los amotinados.

En este hecho, que ha sido calificado como de el asesinato masivo más grande durante la lucha contrasubversiva de la década de los años 1980 por parte de las organizaciones políticas, consideradas por los partidarios del ex presidente Alan García como "no neutrales", y por el organismo estadounidense de vigilancia de los derechos humanos Americas Watch.1 estuvo implicado el entonces presidente peruano Alan García, lo mismo que Luis Giampietri, entonces uno de los jefes de la Marina de Guerra del Perú[cita requerida]. Según indica el propio ex presidente, la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú no ha hallado responsabilidad personal alguna atribuible a su persona habiendo respondido durante más de 20 años a la justicia acerca de esto y en todo momento se le ha encontrado inocente.2

La iglesia Católica peruana en el documento publicado el 19 de junio de 1986 y titulado Masacre de los penales de Lima relata:

En la madrugada del 18, los detenidos de los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, en Lima, se amotinan y toman rehenes. El consejo de ministros y el presidente Alan García deciden encargar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la restauración del orden. En Santa Bárbara -cárcel de mujeres- interviene la Guardia Republicana. Las rehenes son liberadas. Hay dos reclusas muertas. En Lurigancho intervienen el Ejército y la Guardia Republicana. Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los ciento veinticuatro reclusos -según el informe oficial- son fusilados después de rendirse. En el Frontón, la operación se encomienda a la Marina, que bombardea el Pabellón Azul durante todo el día. Sobreviven treinta internos, que se rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de penales. Tampoco la prensa.3

Según algunas opiniones las acusaciones fueron apoyadas por los gobiernos de los presidentes Alberto Fujimori y Alejandro Toledo [cita requerida].

En la historia moderna del Perú se han dado más casos de víctimas entre los presos, es particular durante todos los gobiernos civiles que sucedieron al régimen del general Juan Velasco Alvarado, pero el elevado número de víctimas de estos sucesos causó gran conmoción tanto en el país como en el extranjero.

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