Ensayo Abril rojo, una visión a nuestra realidad

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Escuela Profesional de Derecho[pic 1]

“ABRIL ROJO, UNA VISIÓN A NUESTRA REALIDAD”

CURSO:

Comunicación II

CICLO Y SECCIÓN:

II “D”

ESTUDIANTE:

Jhon Wilson Montesinos Surco

DOCENTE:

Americo Alca Gomez

Tacna – Perú

2024

ABRIL ROJO, UNA VISIÓN A NUESTRA REALIDAD

"Abril Rojo" es una novela escrita por el autor ecuatoriano, Santiago Roncagliolo. La historia se desarrolla en Ayacucho, una región en Perú, y sigue al protagonista, Félix Chacaltana, un abogado tímido y solitario que trabaja como fiscal.

La trama comienza cuando Félix es asignado para investigar una serie de brutales asesinatos que ocurren en su ciudad. Estos crímenes están relacionados con la violencia política y la guerra interna que vivió Perú en los años 80 y 90. A medida que Félix profundiza en la investigación, se enfrenta a la corrupción, el miedo y la impunidad que ha plagado a su país.

A lo largo de la historia, Félix también se enfrenta a sus propios demonios internos y se ve envuelto en una red de conspiraciones y engaños. La novela explora temas como la justicia, la memoria histórica y la búsqueda de la verdad en medio de un contexto violento y caótico.

"Abril Rojo" es una obra que combina elementos de thriller político, novela negra y crítica social. A través de su narrativa envolvente, el autor nos muestra la difícil realidad de un país que aún lidia con las secuelas de la violencia política.

En la obra podemos resaltar grandes problemas como la corrupción, la impunidad y el miedo que se han permeado en la sociedad. Estos conflictos se presentan en un contexto histórico y político complejo, en el que la violencia y los abusos de poder han dejado cicatrices profundas en la sociedad peruana. La novela aborda temas como la justicia, la memoria histórica y la búsqueda de la verdad en medio de un entorno marcado por la violencia y la impunidad.

En un contexto más amplio y una mirada a la realidad, la violencia política y la corrupción son fenómenos que afectan a muchos países alrededor del mundo, incluido el Perú. Ambos problemas están estrechamente relacionados y se retroalimentan mutuamente, creando un entorno de inestabilidad política, desconfianza en las instituciones y violación de los derechos humanos.

La violencia política puede manifestarse de diferentes formas, como conflictos armados, represión estatal, terrorismo, guerrillas o golpes de Estado. Estos actos violentos suelen estar motivados por una serie de factores, como luchas de poder, diferencias ideológicas, conflictos étnicos o religiosos, o la búsqueda de justicia en situaciones de opresión. El Perú experimentó un período prolongado de conflicto armado interno entre las décadas de 1980 y 2000, marcado por enfrentamientos entre grupos insurgentes, como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y las fuerzas de seguridad del Estado. Este conflicto dejó un saldo de miles de víctimas y generó un clima de violencia y temor en todo el país.

La violencia política, presente durante veinte años en nuestro país, ha tenido un alto costo social, económico, moral y de salud; su impacto se evidencia hoy, no solo en la generación que afrontó el conflicto armado, sino también en las generaciones siguientes. (Instituto Nacional de Salud Mental, 2006)

La corrupción política también ha sido y sigue siendo un problema arraigado en el Perú. Durante décadas, se han reportado casos de funcionarios públicos y políticos que han aprovechado sus cargos para enriquecerse ilícitamente o favorecer intereses particulares. Los escándalos de corrupción han involucrado a altos funcionarios del gobierno, incluyendo presidentes, ministros y empresarios, y han erosionado la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la clase política en general.

Según datos actualizados, nuestro país es considerado el país más preocupado por la corrupción en América Latina, y la ciudadanía desconfía en gran medida de las instituciones públicas. Existen investigaciones en curso que involucran a ex autoridades de todos los poderes del Estado, empresarios y excandidatos por presuntos delitos de corrupción, abarcando casos significativos como el Tren Eléctrico de Lima, el Metro de Lima, campañas presidenciales y el escándalo de Odebrecht.

La corrupción ha tenido un impacto negativo en las instituciones públicas y en la calidad de los servicios ofrecidos a la población. Además, ha contribuido a la degradación ambiental en el país. A lo largo de los años, varios expresidentes han sido acusados y procesados por actos de corrupción, lo que refleja la gravedad de esta situación.

Esa concentración del poder determinó que la corrupción avanzara a niveles que ninguno de nosotros imaginó. A eso se debe la importancia de un sistema de administración de justicia independiente en el contexto de un Estado democrático que necesita consolidarse. (Montoya)

Para abordar la corrupción en el Perú, se han implementado esfuerzos para combatirla. Se ha trabajado en mejorar la persecución de casos de corrupción y en la sanción de altos funcionarios implicados. También se ha destacado la importancia de concientizar a la población sobre este delito y extender los esfuerzos no solo a nivel nacional, sino también para combatir el soborno extranjero.

Es ahí donde entra el papel de las tantas instituciones en la lucha contra la violencia política y la corrupción, contribuyendo a fortalecer el sistema democrático, promover la transparencia y garantizar la justicia en el Perú.

Tenemos al Ministerio Público, como órgano autónomo encargado de la persecución del delito, desempeña un papel crucial en la lucha contra la corrupción y la violencia política. A través de la Fiscalía de la Nación y sus fiscalías especializadas, investiga y sanciona los casos de corrupción y actos violentos relacionados con el ámbito político. Su labor incluye la recolección de pruebas, la presentación de acusaciones y el seguimiento de los procesos judiciales para garantizar la rendición de cuentas y la justicia.

La Contraloría General de la República es otro actor clave en la lucha contra la corrupción en el Perú. Esta institución tiene la responsabilidad de fiscalizar y supervisar el uso de los recursos públicos, asegurando que se realicen de manera transparente y eficiente. La Contraloría desempeña un papel preventivo y de control, identificando irregularidades y emitiendo informes que permiten tomar acciones correctivas y sancionatorias, lo que contribuye a la transparencia y el combate contra la corrupción en el sector público.

El Poder Judicial, como institución encargada de administrar justicia, también juega un papel fundamental en la lucha contra la corrupción y la violencia política. A través de sus juzgados y salas especializadas, se llevan a cabo los procesos judiciales y se emiten las sentencias en los casos relacionados con estos delitos. La independencia y la imparcialidad del Poder Judicial son fundamentales para asegurar que los actos de corrupción y violencia política sean investigados y sancionados adecuadamente, garantizando la justicia y el respeto al Estado de Derecho.

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