Economia .

choPropuestas para construir una verdadera participación social en la gestion pública municipal y el ejercicio del poder local -1-

Martha Patricia BARRAGAN SOLIS

01 / 2001

Desde los procesos sociales, civiles, ciudadanos y municipalistas.

Colocar el municipalismo en la agenda nacional desde su voz y propuesta propia. Esto implica fortalecer la presencia de los gobiernos locales y la ciudadanía en el debate actual sobre la Reforma del Estado.

Luchar por un federalismo incluyente y democrático, donde el municipio, su gobierno local y su ciudadanía sean parte integrante del pacto federal y de la nación, fortaleciendo así la soberanía del pueblo. Un federalismo que no se quede meramente en fiscal, y mucho menos en hacendario, que pretende, en lugar de distribuir la riqueza nacional, generar nuevos impuestos, ahora desde lo local, a los habitantes de este país, de por sí ya tan mermados económicamente y sin respuestas a sus necesidades básicas. En este sentido se propone, además de una distribución mayor de participaciones a estados y municipios, un reordenamiento de las cargas impositivas entre los tres ámbitos de gobierno. Requerimos un federalismo que fortalezca los diversos espacios de gobierno (incluidos el comunitario y el regional, demanda clara de los pueblos indios) y la ciudadanía y soberanía de nuestro pueblo.

Impulsar una verdadera descentralización entendida no como elemento funcional al modelo neoliberal, que sólo desconcentra funciones y privatiza responsabilidades, como estrategia de dispersión de conflictos; descentralización que más bien, privatiza y, por tanto, cancela el espacio público, único espacio donde puede ser ejercida la participación social y una práctica de deliberación y consenso de los diversos actores con sus identidades, intereses y propuestas propias.

Fortalecer una descentralización concebida como una forma de democratización del estado, del gobierno y de la propia sociedad, del conjunto de relaciones económicas, políticas, sociales y culturales de la vida humana y social; como una ruptura de la privatización que se ha ejercido del Estado y de lo público, que es derecho y patrimonio de todo el pueblo, y no sólo de unos cuantos. Una descentralización que fomente un principio descentralista, instrumentando la capacidad política, económica, financiera y administrativa de los municipios (población, territorio y gobierno), para responder por sí mismos a sus propias necesidades. Una descentralización entendida como un proceso de dos vías donde el que descentraliza debe, necesaria e indiscutiblemente, capacitar y apoyar al que se le descentraliza, y éste debe asumir y ser capaz de responder a los retos de su comunidad con este apoyo y capacitación; esto es necesario tanto desde los gobiernos federal y estatal hacia el municipal, como desde el gobierno municipal hacia la comunidad y organizaciones locales. Proceso de ida y vuelta desde la base social hasta el gobierno nacional.

Esto requiere de un nuevo marco de relaciones entre ámbitos de gobierno y entre gobierno y sociedad que, a la vez, requiere de una reestructuración del propio gobierno municipal, con una división de poderes a lo interno que dote de capacidad legislativa al municipio, con una representatividad más plural en su conformación y con mayores atribuciones y recursos.

Este nuevo marco no sólo debe darse a nivel jurídico, sino principalmente en un cambio de actitudes y una nueva práctica social y política más democrática,

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