MÉXICO CONTEMPORANEO

MEXICO CONTEMPORANEO.

 A diferencia   de   otros  países que   cuentan   con   una   ley  especial  sobre   el Registro   Público   de   la   propiedad,   en   la   República   Mexicana   esta   institución   se encuentra regulada en el Código Civil, en la mayoría de los estados. En el  siglo  XIX existieron diferentes  proyectos e  intentos  de codificación, algunos incompletos y otros consistentes en simples esbozos, mismos que culminaron con la elaboración del Código de 1870.

El   29  de  noviembre  de  1867,   se   promulga   por  Benito  Juárez la   Ley  de Notarios y Actuarios del Distrito Federal, la cual refiriéndose al oficio de hipotecas, establecía   que   la   oficina   de   hipotecas   de   México   seguiría   situada   en   las   casas municipales   y   despachándose   en   los   mismos   términos   que   se   había   despachado siempre   hasta   que   se   expidiera   una   ley   especial   sobre   arreglo   de   los   oficios   de hipotecas.                 El  17  de  diciembre  de  1868,  se  aprueba  el  proyecto  de  Código  Civil  de Veracruz de la llave, elaborado por el entonces presidente del Tribunal de Justicia y dela comisión Redactora de dicho estado, Fernando de Jesús Corona, por lo cual se denominó también “Código Corona”, este ordenamiento al igual que realizando por Justo Sierra, sigue el proyecto de código formulado por Florencio García Goyena en1851. En tratándose  del Registro Público  de la  Propiedad, cuenta con los mismos capítulos, y el texto de los artículos, salvo algunas variaciones significantes, coincide con aquel.                El  código  Civil  de  Distrito  Federal  de  1870,  es  producto  de  una  serie  de estudios realizados por diferentes comisiones por lo que se refiere al Registro Público de la Propiedad, existió el  intento de regularlo por una ley independiente al código civil.                 Tengamos   siempre   presente,   que   cada   vez   que   resolvamos   una   duda respecto   a   nuestro   derecho   mexicano,   deberá   guiarnos   la   luz   de   la   doctrina   y   la jurisprudencia de los autores y tribunales españoles, comentadores y juzgadores de esos preceptos legales, pues nuestro código civil en materia de hipotecas y de registro público, tienen como antecedente la ley española.

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