El proceso político

El proceso político del sector salud desde la instalación de la Ley 100, a finales de 1993, ha generado de manera paulatina un cúmulo de resultados y hechos que establecen un consenso entre múltiples sectores sociales, políticos y académicos, que demandan su desmonte. El momento más candente y que permitió establecer un proceso de acercamiento y mayor identidad entre estos sectores fue la denominada "emergencia social en salud" a finales de 2009, que dejó ver claramente la condición mercantil del modelo de salud. Condición tal, que está por encima de la salud de las personas, e igualmente, por encima de las condiciones laborales de los profesionales de la salud (2).

Una mayor identidad, dada la experiencia de dos reformas a la Ley 100 (Ley 1122 de 2007 y Ley 1438 de 2011) que no modificaron en absoluto la situación precaria de la red pública hospitalaria. Como tampoco el profundo deterioro de la calidad de la prestación de los servicios y la enorme precarización de las condiciones de trabajo de los trabajadores en un resultado que rebosa el vaso y permite el avance en una alineación e identidad entre diversos sectores como derecho humano, en contra de su privatización y su mercantilización, que demandan la eliminación de la Ley 100, y articulan propuestas alternas para configurar un nuevo modelo de salud en el país.

Hacerle el quiebre a la Ley 100 en favor de la salud de la población colombiana les exige a los actores sociales y profesionales activos actuar con inteligencia, audacia y generosidad colectiva, y requiere pensar con la historia*; para no olvidar las consecuencias de esta Ley en cuya aplicación el gobierno nacional, con habilidad, sale avante de las luchas y los debates sociales ante la crisis del sistema, como sucedió en 2006 y 2009 en la emergencia social en salud, cuando impulsaron reformas a la Ley 100 a través de las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011. Hoy, como si nada, buscan ir por el mismo camino.

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