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1.- Relación jurídica administrativa.

En el campo del Derecho Administrativo la aplicación de la relación jurídica tiene lugar con el surgimiento del Estado de Derecho, con el cual se transformó al individuo de un sujeto de poder a un sujeto de derecho, al someter al Derecho la actuación del Estado y proteger los derechos subjetivos de los gobiernos.

Cuando en esa relación de derechos y obligaciones, uno de los sujetos es la Administración Pública, se le denomina jurídico-administrativa. Pero tendrá tal carácter cuando esos derechos y obligaciones estén regulados bajo un régimen de derecho administrativo, puesto que si aquellas surgen por el sometimiento de la administración a normas de derecho privado, la relación que se produzca tendrá dicha naturaleza. Generalmente se ha aceptado que la Administración Pública en relación jurídico-administrativa, siempre tendrá la característica de sujeto activo y el gobernado el de sujeto pasivo. Sin embargo, este punto de vista no es correcto, porque la titularidad de derechos y obligaciones puede recaer en ambos sujetos.

Además los sujetos de la relación jurídico-administrativa no siempre son un ente público (administración) y un particular (administrado). Si no que al contrario, cada día son más numerosos los casos de relaciones jurídico-administrativas en que los dos sujetos que en ella intervienen tienen el carácter de público.

3.- Derecho subjetivo público y privado.

Los derechos subjetivos e intereses legítimos constituyen dos nociones que definen otras tantas situaciones de poder de los administrados frente a la Administración Pública y de las que deriva la facultad de sus titulares para ser parte en aquellos procedimientos administrativos en los que dichas situaciones se encuentren afectadas, así como para recurrir las resoluciones que en ellos se dicten.

Por derecho subjetivo se entiende aquella esfera concreta de poder que el ordenamiento jurídico otorga a un sujeto y que éste puede hacer valer frente a otros sujetos –entre otros, la Administración Pública‐ exigiéndole una determinada prestación a su favor. Los derechos subjetivos derivan, pues, directamente del ordenamiento jurídico, se encuentran expresamente reconocidos por las normas jurídicas Por ejemplo, cuenta con un derecho subjetivo el funcionario público que reivindica el permiso que le reconoce la norma por el nacimiento de un hijo o la muerte de un familiar o el que tras haber cumplido tres años de servicios a la Administración solicita el devengo de un trienio. Tiene, igualmente, un derecho subjetivo el titular de una licencia urbanística o el expropiado que reclama de la Administración

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