REFLEXION ECOLOGICA

UNA BREVE REFLEXION ECOLOGICA:

El problema de las leyes ambientales en México es su aplicación (como muchas otras), la autoridad responsable de hacerlas cumplir, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no cumple a cabalidad su responsabilidad, además de ser juez y parte a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). La justicia ambiental no funciona, la autoridad que emite las autorizaciones es la Semarnat y la autoridad que vigila sus actos es la Semarnat, entonces hay un conflicto de intereses. No hay ningún juicio contra funcionarios por responsabilidad administrativa.

La Profepa es un órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat, pero no tiene ni la capacidad técnica, ni la autonomía suficiente para vigilar y sancionar a los infractores ambientales, tanto funcionarios públicos como a terceros. A nivel Estados y sus municipios no existe ninguna autoridad ambiental con atribuciones para vigilar la aplicación de la ley en la materia, todo queda relegado al ámbito federal, con los inspectores de la Profepa.

Las autoridades todo lo autorizan, muchas veces desconociendo las propias leyes en la materia, la función de la autoridad es aplicar la ley y decir: esto no se puede hacer y punto. La Profepa, con un número limitado de inspectores para todo el país, no es lo suficientemente capaz para dar cobertura a todas las regiones del la nacion.

Los mecanismos legales de regulación y vigilancia para proteger el ambiente en nuestro país son:

1. La manifestación de impacto ambiental (MIA), que da la autorización;

2. La dictaminación de uso y cambio de uso de suelo;

3. Los estudios de riesgo y, en algunos casos,

4. El estudio preventivo, que se tendría que hacer antes de las MIA y,

5. Los programas de Ordenamiento Ecológico Territorial (OET) estatales y municipales.

La justicia y vigilancia en esta materia en nuestro país, no solamente debería quedar fuera de la misma secretaría que emite las autorizaciones, sino que debería quedar fuera del Poder Ejecutivo federal, ya que también podría ser utilizada políticamente como la Procuraduría General de la República (PGR), sino que debería estar en el Poder Judicial de la Federación, con tribunales administrativos ambientales especializados.

Con el sistema actual de justicia ambiental, jamás podremos sancionar o meter a la cárcel a ningún funcionario que viole la ley ambiental, la parte correctiva administrativa ya debería quedar dentro de los tribunales, con procedimientos judiciales rápidos y expeditos, donde si no se está cumpliendo, se vaya a un procedimiento donde se dictamine el incumplimiento y la autoridad respectiva la sancione.

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