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ADMINISTRACIÓN Y SISTEMA DE JUSTICIA EN MATERIA INDIGENAS


Enviado por   •  16 de Octubre de 2011  •  2.246 Palabras (9 Páginas)  •  633 Visitas

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ÍNDICE

Página

INTRODUCCIÓN………………………………………………………….

Administración y Sistema de Justicia en materia Indígenas………... 4

Conclusiones……………………………………………………………... 10

Referencias Bibliográficas………………………………………………. 11

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene la finalidad de investigar el Tema de la Administración y Sistema de Justicia en materia Indígenas, de la Unidad Curricular: Pueblos Indígenas y Sistemas Jurídicos.

La metodología de este estudio se basó en la investigación documental, a través de las diferentes fuentes bibliográficas de la Administración y Sistema de Justicia en materia Indígenas en Venezuela, con la utilización de las leyes que rigen esta materia.

El Sistema de Justicia en materia Indígena es una realidad social, cuyo objetivo principal es analizar el contenido ideológico y cultural de las normas del derecho relativas a la resolución de conflictos que puedan incidir positivamente en la justicia venezolana indígena y el sistema jurídico. De allí que vemos la necesidad de incorporar las costumbres jurídicas como parte del derecho a la cultura al sistema de justicia, para garantizar la identidad étnica de nuestros pueblos indígenas.

El reconocimiento formal y expreso de un capítulo que consagra los derechos de nuestros Pueblos Indígenas en la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constituye sin lugar a dudas el mayor logro político y social del movimiento indígena venezolano, el cual demostró una clara ideología de su propio accionar histórico cultural en la lucha por sus derechos propios y vitales, y cuyo objetivo principal es la construcción de una Nación Plurinacional en cada uno de los territorios donde se encuentran asentados.

Administración y Sistema de Justicia en materia Indígenas

Con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, son las dos leyes que permiten desarrollar conjuntamente con la Ley Orgánica del Sistema de Justicia, profundizar la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema de Justicia, por el simple hecho de la necesidad de los pueblos y comunidades indígenas en lograr, además de su reconocimiento y aplicación de instancias de justicia en sus tierras y hábitat, su inclusión dentro del Sistema de Justicia, con espacios estratégicos, pluralista y visión integradora de intercambiar y fortalecer la legislación Indígena en la Administración de Justicia, para preservar a los pueblos y comunidades indígenas como culturas de raíces ancestrales, formando parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano.

De esta manera con la legislación nos ha permitido que los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes, puedan desenvolverse de manera amplia, en el quehacer Nacional, sin embargo, actualmente, se les dificulta el pleno goce y disfrute del ejercicio de sus deberes y derechos frente a la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, y la Administración de Justicia, por la falta de un mecanismo flexible que asegure el pluralismo jurídico en los sistemas de justicia en la cual debe ser en igualdad jurídica y cultural.

Así mismo los Pueblos y Comunidades Indígenas y sus integrantes, necesitan gozar de la seguridad jurídica como máxima expresión de su desarrollo integral, que las autoridades de la administración de justicia, conozcan y se integren a la legislación en materia indígena, que interactúen con las autoridades legitimas indígenas y sus organizaciones representativas, para lograr la coexistencia y el respeto de los sistemas jurídicos existente como demostración del pluralismo jurídico dentro del ordenamiento jurídico venezolano.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 9. Dice: “El idioma oficial es el castellano junto con el idiomas de los indígenas y que deben ser respetados en todo el territorio de la República porque constituyen un patrimonio cultural de la nación y de la humanidad” , y también reconoció de manera expresa el Capítulo VIII denominado “De los Derechos de los Pueblos Indígenas” en sus artículos 119 al 126 y se enmarca dentro del Título III de la Constitución, intitulado “De los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes”, con lo cual no queda duda que se trata de derechos fundamentales.

En una disposición aislada, pero vinculada estrechamente con este Capítulo, el Constituyente estableció el artículo 260, en el cual se reconoció por primera vez la coexistencia de los sistemas normativos indígenas con el sistema jurídico nacional, mediante la jurisdicción especial indígena como mecanismo alterno y formal de justicia, en los siguientes términos: “Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público”. Dicha norma constitucional también prevé la creación de una ley que determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

Se trata de una jurisdicción especial autónoma en sentido estricto, que se encuentra inserta dentro del Capítulo III del Título V, relativo al Poder Judicial y al Sistema de Justicia Nacional al igual que la jurisdicción militar y la justicia de paz, en el cual deben existir relaciones de coordinación y subordinación con el sistema de justicia nacional, tal como lo prescribe el mismo artículo 260.

La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas desarrolla dichas Instituciones Jurídicas bajo el Título VII: de la Administración de Justicia, en sus Capítulos.

En el artículo 131 se define al Derecho Indígena de estar “constituido por el conjunto de normas, principios, valores, practicas, instituciones, usos y costumbres, que cada pueblo indígena considere legítimo

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