Amparo Contestacion

AMPARO DIRECTO

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito

Magistrado: presidente.

Salvador González Baltierra.

Secretario en funciones de magistrado Hugo Guzmán López.

P R E S E N T E.

Rosendo Monroy Zamora, ciudadano mexicano por mi propio derecho, señalando como domicilio legal para recibir y oír todo tipo de documentos, avisos y notificaciones, auno separadamente; ante usted respetuosamente comparezco para exponer:

Que la sentencia emitida por el tribunal agrario ha sido dictada con pleno derecho sin ninguna violación o perjuicio a alguna garantía constitucional para lo cual al haber interpuesto mi contraria de manera fraudulenta la demanda agraria me ha ocasionado menoscabo al uso y aprovechamiento y explotación de esta parcela toda vez como se ha demostrado el suscrito he tenido la posesión por más de 30 años a la fecha lo cual no acredito mi contraria y es único sustento y modus vivendi, para el suscrito Rosendo Monroy Zamora

Tal y como el tribunal de origen manifiesta con apego derecho que la persona que supuestamente trato de otorgar el supuesto derecho no estaba legitimada para entregar dicho derecho a la hoy quejosa para lo cual solicito de manera respetuosa se le de vista a la representación social, toda vez que con una conducta ilícita se ha desprendido un juicio derivado de una conducta ilícita aprovechándose la buena fe, de los magistrados dado que me reservo mi derecho para acreditar que efectivamente fungió como como autoridad agraria no, legitimada , la cual abuso de la confianza de la asamblea para expedir documentos a favor de su hija, hoy quejosa.

PARA LO CUAL ES APLICABLE EL SIGUIENTE CRITERIO JURISPRUDENCIAL

FRAUDE PROCESAL, DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. CUÁNDO SE CONSUMA.

El delito de fraude procesal en la hipótesis de cuando el sujeto activo realiza cualquier acto procesal con el objeto de lograr una resolución judicial de la que derive un beneficio indebido para sí, se configura sin que necesariamente exista una resolución judicial, incluso que efectivamente se obtenga un beneficio indebido, pues basta con que el acuerdo emitido dentro del proceso tenga como propósito otorgarle dicho beneficio de manera indebida. Ciertamente, se advierte que en el tipo penal en estudio, la intención del legislador fue la de proteger el buen desarrollo de la administración de justicia; por lo que se exige que las actuaciones derivadas del procedimiento judicial estén apegadas a las leyes y se resuelva a favor de quien legalmente

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