Analisis Critico Del Decreto De Alquiler

Análisis crítico del decreto 4807 sobre el Control de Alquiler y Desahucio, del 16 de Mayo del año 1959

El contrato de Inquilinato es aquel contrato bilateral en el que una de las partes (Propietario) se obliga a la entrega de una cosa determinada y la otra (Inquilino) a pagar por ella un cierto precio, en dinero o signo que lo represente.

Estudiando exhaustivamente el contenido del Decreto, pudimos observar que el Art.15 de la Ley No. 2254 del año 1950, de Impuesto sobre Documentos, fue modificado por la Ley No. 210 del 16 de mayo de 1984, ya que en su primer considerando establece que: (es necesario adaptar los impuestos sobre la tramitación de documentos a las nuevas condiciones como consecuencia del aumento de los precios experimentado desde la última modificación de estos).

No es cierto que los Gobernadores Provinciales actúen dentro de su jurisdicción como delegados del Control de Alquileres de Casas y Desahucios, porque esta práctica no existe, estos funcionarios actúan como su naturaleza lo lleva al cargo (como dirigentes políticos), lo que indica que trabajaran a favor de su organización y el suyo propio.

Hay que resaltar sobre todo, que dicho decreto no tiene la más mínima garantía de protección al propietario del o los inmuebles, sino que favorece en todas sus partes al inquilino, en consecuencia podemos ponderar que el mismo es un decreto anacrónico, con deficiencias y fallas, que van en detrimento de los propietarios de los inmuebles, en tal sentido no se corresponde con las medidas que deben existir en pleno siglo XXI, por lo tanto hay que legislar por una ley, para que haya una mejor aplicación en ese sentido y, que se comprometa al inquilino a cumplir medidas más claras y contundentes en lo que tiene que ver con el inmueble y su propietario, para que de esta manera los procesos judiciales en los tribunales sean menos tediosos y puedan ser más rápidos y diligentes.

Queremos mencionar que existe jurisprudencia que declara inconstitucional el decreto 4807, y así ha sido hecho y juzgado por la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, que Declara, de oficio, no conforme a la Constitución, el artículo 3 del Decreto No. 4807, de 1959, en cuanto prohíbe fijar un término al contrato de arrendamiento de casas.

En conclusión, somos de opinión, que es contra producente que un propietario de un inmueble tenga que estar a merced de lo que diga y quiera un inquilino, sin saber este último cuan sacrificio ha realizado el propietario para obtener o construir su inmueble para obtener beneficio propio.

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