Analisis Del Fando Monetario Internacional

Análisis de las causas, consecuencias e implicaciones derivadas del acuerdo entre el gobierno colombiano y el Fondo Monetario internacional (FMI)

Introducción:

El país presenciará una serie de reformas que afectarán directamente a amplios grupos sociales, como resultado de las implicaciones que se derivan del Acuerdo firmado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI): Se aumentará la edad de jubilación y se reducirán los derechos pensionales; se ampliará el número de personas que pagará impuestos; se reducirán las transferencias a los gobiernos locales; quedará cesante un gran número de funcionarios como consecuencia de la reestructuración de la administración pública local y los que logren permanecer verán reducidos sus salarios reales; y se privatizará el sistema financiero público.

El Acuerdo está destinado a corregir los desequilibrios macroeconómicos que enfrenta la economía colombiana, los cuales se manifiestan en un desbalance del sector externo y un deterioro de la salud del sector financiero. Se trata que dicho desbalance no se traduzca en una devaluación la tasa de cambio, porque la devaluación significaría una pérdida importante para las empresas y grupos económicos endeudados en moneda extranjera, y una caída en la rentabilidad los inversionistas extranjeros, porque al intentar retornar sus inversiones y rendimientos a las bolsas internacionales, tendrían que comprar las divisas más caras, lo que les acarrearía una pérdida al liquidar su ganancia en moneda externa.

Las medidas y reformas que implican el Acuerdo se orientan hacia un ajuste fiscal, lo cual implícitamente quiere decir que es en el manejo financiero del gobierno donde se supone se originan los desequilibrios macroeconómicos. Es por esto que las soluciones se concentran en un aumento de los impuestos y en una reducción de los gastos públicos.

Responsabilizar a los gobiernos de los desequilibrios macroeconómicos de un país es la visión de los organismos financieros internacionales para el análisis de la problemática de los países en desarrollo (Banco Mundial 1991, pp.37, 152 a 154) (Davis, sin fecha, pp.1 a 5). Se afirma que el proceso político lleva al déficit fiscal por la resistencia de la sociedad a pagar impuestos y por el clamor de que el Estado debe gastar más (Banco Interamericano de Desarrollo 1997), y ese desequilibrio fiscal es lo que origina los desequilibrios macroeconómicos. Aquí se va a afirmar que el desajuste fiscal parece ser más bien un resultado del desequilibrio de los mercados financieros, y no la causa de los mismos. Si la afirmación resulta cierta el costo del ajuste debería recaer sobre tales mercados y no sobre la población en general, a través de más impuestos y menores gastos públicos.

Naturaleza del Acuerdo

El Acuerdo con el FMI fue firmado en diciembre de 1999, y su vigencia se extiende hasta el año 2002. Consiste en un préstamo de US$ 2.700 millones, que se desembolsará durante tres años sujeto al cumplimento de unas metas de ajuste fiscal definidas. Sin embargo es más que eso, y sobre este punto no existe suficiente claridad en la opinión pública: El convenio va atado a recursos adicionales provenientes entidades multilaterales del orden US$ 4.200 millones, los cuales necesariamente están atados a nuevos condicionamientos.

Públicamente no se ha presentado el destino de los recursos adicionales, lo cual hace que las implicaciones del Acuerdo no se conozcan plenamente. Lo que se sabe es que US$ 1.400 millones provendrán del Banco Mundial, y US$ 1.700 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que el grueso de tales recursos va dirigido a dos programas: (1) "Ajuste del sector financiero", y (2) "Programa sectorial de reforma de las finanzas públicas" (Periódico El Espectador, 20 diciembre 1999, p.1-B) o "Ajuste de la Gestión del Sector Público" (Public Sector Management Adjustment).

El ajuste del sector financiero involucra recursos del Banco Mundial, BID y Corporación Andina de Fomento. Lo que informa el Banco Mundial de este crédito (a través de su página en Internet) es que está dirigido a profundizar las reformas que se han venido introduciendo en el sector desde 1991 orientadas a la liberación del sector financiero, las cuales implicaron la eliminación de controles y regulaciones sobre el sector, el desmonte del crédito de fomento, la libertad para crear grupos financieros, libertad en el movimiento de capitales internacionales, y operar el mercado de divisas internacionales que en el pasado reciente había sido monopolio del Estado.

Con el crédito, además de profundizar las reformas señaladas, se incluye la privatización de las entidades oficiales o su eliminación, el fortalecimiento de la capacidad de supervisión de la superbancaria y el Fogafin, y recursos para recapitalizar el sistema para permitir que continúe siendo operado por los agentes privados.

El crédito dirigido al ajuste del sector público se orienta a dar soporte a medidas complementarias a las incorporadas en el Acuerdo con el FMI. En este caso se fortalece la administración de impuestos nacionales (medida que complementa el aumento de los impuestos que se contempla en el Acuerdo con el FMI), vigorización de los mecanismos de programación y control de gastos para evitar su desbordamiento y permitir la disciplina fiscal, y monitoreo de la deuda pública.

Una cosa común de estos créditos, junto con el Acuerdo con el FMI, es que tales recursos se orientan a financiar gastos generales integrados a la adopción de políticas, a pesar de ser recursos que se originan en moneda extranjera. No financian obras de infraestructura, o el componente externo de proyectos de inversión. De manera que los dólares que llegan a través de las operaciones mencionadas se destinan en conjunto a financiar los requerimientos de la Balanza de Pagos para pagar las obligaciones adquiridas con el capital internacional. Este es el sentido de las negociaciones tanto del Acuerdo como de los créditos a los que se ha venido haciendo referencia.

Para las autoridades monetarias y fiscales la necesidad del Acuerdo con el Fondo surge como consecuencia del deterioro del sector externo y la crisis del sistema financiero colombiano. El deterioro externo se evidenció con la caída de la banda cambiaria, la cual fue abandonada a finales de septiembre de 1999 demostrando la incapacidad del Banco de la República para sostener el valor del tipo de cambio, y de atajar una fuga de capitales privados (p.20) que se venía presentado desde mediados de 1997, como reacción a la crisis financiera del sudeste asiático y la evidencia de un sobreendeudamiento de la economía colombiana (Kalmanovitz 1999).

El deterioro externo y financiero llevó a la Junta Directiva del Banco de la República (que incluye al Ministro de Hacienda) a exigir en el primer semestre de 1999 un programa de Acuerdo con el FMI que se concretó a finales de dicho año. Así lo expresó Antonio Hernández, miembro de la Junta: "nos reunimos con el Presidente Pastrana en Palacio, el domingo 27 de junio (de 1999), la condicionalidad de la junta en pleno fue de que el nuevo programa macroeconómico se divulgaría sobre la base de que el Gobierno se comprometía a ir al Fondo Monetario Internacional. El Gobierno vio que eso era inevitable dado el estado de nerviosismo de la economía y de los mercados internacionales. Había que darles (sic) término a la especulación y la intranquilidad cambiaria".

La preocupación central de la autoridad monetaria en dicha coyuntura era la deuda externa del sector privado. Así fue expresada por otro miembro de la Junta, Leonardo Villar, en el mismo reportaje. Señalaba que la deuda privada en ese entonces valía US$ 16.000 millones, cerca del 40% de la deuda total (externa e interna) de todos los colombianos. Una devaluación de la tasa de cambio afectaría negativamente los balances de las grandes empresas y grupos económicos endeudados en moneda externa, y esta fue la razón para que se quemaran más de US$ 3.000 millones de reservas internacionales tratando de defender inútilmente la banda cambiaria intentando que el dólar no desbordara los niveles previstos.

No sólo eso. También los inversionistas financieros obtendrían una pérdida al intentar retornar sus capitales y rendimientos si se devaluaba la tasa de cambio. De hecho la pérdida de reservas internacionales que acompañó el fracaso de la banda cambiaria fue la presión de dichos inversionistas por sacar sus capitales antes que el dólar se saliera del techo de la banda, lo cual a su vez paradójicamente generaba más presión sobre el dólar. Si el dólar se subía por encima del techo, los inversionistas tendrían que comprarlos más caros de lo previsto con lo que se castigaba su rentabilidad medida en moneda externa. Obtendrían un pérdida.

Es por esto que la comunidad financiera internacional exigió ajustes macroeconómicos y las firmas calificadoras de riesgo le bajaron la calificación al país. Para conjurar esta situación era que se necesitaban los recursos del FMI y de la banca multilateral. Pero paradójicamente el país había perdido el control de la tasa de cambio ante la ausencia de instrumentos para controlar las variables externas lo cual hacía que el país estuviera sujeto a los vaivenes del capital financiero internacional.

Ante la ausencia de controles, la única forma para la recuperación de los equilibrios externo y financiero era a través de comprimir la demanda interna vía un ajuste fiscal. En la medida en que la demanda interna es reducida la producción nacional que se deja de consumir puede ser realizada en los mercados externos con lo cual se generan las divisas necesarias para que

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