¿ DA IGUAL OCHO QUE OCHENTA?

INTRODUCCIÓN

¿Quien no ha oído decir sobre alguien que le da igual ocho que ochenta?. Esta expresión hace referencia a aquellos que no les importa la relación entre diferentes ordenes de magnitud y no solo para hablar de resultados en operaciones aritméticas sino cuando les da lo mismo una cosa que la otra, en situaciones tan complejas como podría ser, el valor de una vida humana y el castigo que se debe aplicar a quien de manera intencional decida segarla.

En este trabajo se pretende, desde los muy incipientes conocimientos de un estudiante de primer semestre de Derecho, realizar unos pequeñísimos apuntes críticos, en cuanto a las condenas que se aplican a los criminales en Colombia, comparados con lo que sucede en un país como Estados Unidos de Norte América.

¿DA IGUAL OCHO QUE OCHENTA?

En Estados Unidos, Ariel Castro fue sentenciado a cadena perpetua más 1.000 años sin derecho a libertad condicional, por mantener cautivas durante diez años a tres mujeres sometiéndolas a vejaciones y privaciones.

Otro caso muy publicitado ha sido el de Bradley Manning quien se enfrenta a 136 años tras las rejas, después de haber sido condenado por 20 acusaciones en el mayor caso de filtración de documentos gubernamentales de EE. UU.

Algunas sentencias largas son una alternativa a la pena de muerte. Dudley Wayne Kyzer está pagando dos cadenas perpetuas más 10.000 años por un asesinato triple que cometió en la década de 1970.

Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, fue sentenciado a cadena perpetua en 1981. A petición de la viuda de Lennon, Yoko Ono, se le ha negado la libertad condicional siete veces.

Algunas otras largas sentencias han sido:

• 150 años: Bernie Madoff, fraude, 2009.

• 835 años: Shalom Weiss, fraude, 2000.

• 957 años: Jeffrey Dahmer, asesino en serie, 1992.

• 1000 años: Peter Mallory, explotación sexual infantil, 2013.

En Colombia, solo para citar un ejemplo, John Jairo Velásquez Vásquez alias "Popeye", el ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, quedó en libertad tras estar 22 años preso. “Popeye” habia reconocido unos 300 asesinatos en mano propia y la coordinación de otros 3000.

Un juez de Tunja ordenó a finales de agosto del año 2014, la liberación de quien fue uno de los principales colaboradores de Escobar, luego de confesar, entre otros crímenes, su participación en el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán.

encabezar el secuestro y posterior

asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos en 1988. Ese mismo año tuvo secuestrado una semana al ex presidente Andrés Pastrana y se le sindica de

A “Popeye” también se le responsabiliza de

haber planeado la explosión del vuelo 203 de Avianca en 1989 .

Velásquez Vásquez antes de cumplir los 26 años que se le impusieron por cargos relacionados con homicidios, secuestros y "concierto para delinquir" 1 ,completó tres quintas partes de la pena y tuvo buen comportamiento, lo que según las leyes colombianas le permite beneficiarse de la libertad condicional atada al pago de una fianza de 4.657 dólares y a un período de prueba de excelente conducta. "Popeye" tendrá que reportarse constantemente a las autoridades y no podrá salir del país antes de cumplir toda la pena.

Serían innumerables las páginas que se podrían escribir sobre criminales en Colombia, que al igual que alias “Popeye” han cometido delitos atroces y no contra una sino contra cientos de victimas como Luis Alfredo Garavito, Pedro Alonso López el monstruo de los andes y ni que decir de centenares de estafadores, secuestradores, extorsionistas. Al final sea cual sea la pena a la cual se les haya sentenciado, siempre será extremadamente pequeña respecto al daño causado a sus victimas, a las familias de las victimas y a la sociedad.

En cuanto a las leyes colombianas en lo que tiene que ver con la parte penal, el artículo 324 de la Ley 100 de 1980, prescribía las circunstancias de agravación para el delito de homicidio, fijando una pena que oscilaba entre 16 y 30 años de prisión, pero ante la galopante criminalidad, la violencia y el secuestro que azotaba al país, el legislador se vio en la imperiosa necesidad de expedir la Ley 40 de 1993 que, entre otras cosas, aumentó a 60 años de prisión la pena máxima a aplicar en Colombia, y respecto del homicidio agravado, aumentó la pena de 40 a 60 años de prisión, derogando todas las normas contrarias.

Si bien es cierto que una condena de 60 años podría constituirse casi en una “cadena perpetua”, teniendo en cuenta que la norma contempla que quienes admitan cargos y eviten desgastar a la justicia podrán acceder a penas menos drásticas, en relación con quienes decidan embarcarse en un juicio, bajo ese sistema es posible conceder beneficios, incluso para quienes cometan crímenes en contra de los menores de edad; por otra parte si el victimario no tiene antecedentes penales que agraven su situación ante la justicia, entre otros beneficios, las penas terminan reduciendose a un poco menos de la mitad

En Colombia al igual que en otros países del mundo quienes están en contra de la cadena perpetua y en general de las penas privativas de la libertad exponen múltiples argumentos. Uno de los temas más publicitados en Colombia que trata

1CONCIERTO PARA DELINQUIR" La figura de "concierto para delinquir", que es un delito contra la "seguridad pública", está contemplada en el artículo 340 del Código Penal de Colombia. "Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos (...). Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas (...)"..

sobre las penas para quien abusen sexualmente de menores de edad, y acerca del cual extractamos un fragmento del artículo Cadena perpetua: ¿medida efectiva o populismo punitivo? escrito por Farid Samir Benavides Vanegas2 La fallecida senadora Gilma Jiménez presentó en la legislatura de 2010 el proyecto de ley 206, que

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