Definición del juicio de Amparo.

MEMORÁNDUM

1. Concepto del juicio de Amparo

“El amparo es un juicio o proceso que se inicia por la acción que ejercita cualquier gobernado ante los órganos jurisdiccionales, federales contra todo acto de autoridad (lato sensu) que le causa un agravio en su esféra jurídica y que considere contrario a la Constitución, teniendo por objeto invalidar dicho acto o despojarlo de su eficacia por su inconstitucionalidad o ilegalidad en el caso concreto que lo origine.”^[1]

Creo que Burgoa es muy acertado al aclarar que el juicio de amparo inicia con la acción del gobernado señalando también la importancia de que tenga que existir un agravio en la esféra jurídica del mismo recalcando que ese acto y omisión genere una contraposición con la Constitución.

“Un juicio destinado a impugnar los actos de autoridad violatorios de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a nacionales y extranjeros y a mantener el respeto a la legalidad, mediante la garantía de la exacta aplicación del derecho”^[2]

Para el caso de Rafael Pina Vara, considero que su definición no es completa ya que no solamente se impugnan los actos de autoridad violatorios si no que el juicio de amparo abarca mucho más que eso tomando en cuenta que con este se busca un objetivo y un fin mucho más específicos para la protección del gobernado frente a los actos u omisiones de las autoridades.

1. Objeto y fin del Juicio de Amparo

Creo que además de haber conocido estos conceptos en clase, es importante poder interpretar el artículo 1º de la Ley de Amparo ya que de ahí puede extraerse de manera clara.

El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley.

“Artículo 1o.

El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

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