Estado Social De Derecho

Estado Social de Derecho

Es una figura político-jurídica que se enmarca dentro de la concepción del Estado moderno, que prevé teóricamente un pacto o acuerdo originario, reditable en la práctica, en que la comunidad hace manifestación expresa de su voluntad de someter su conducta a un ordenamiento jurídico constitucional, convirtiéndose en sociedad civil al delegar en quienes regenten el poder político el uso monopólico de la violencia, la administración de la justicia, la captación tributaria y la defensa del territorio, delegación que implica en su esencia el acogimiento estricto de los gobernantes en todo su ejercicio público, tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo y judicial a los principios, valores, derechos fundamentales y reglas consagradas en la constitución y las leyes.

El Estado Social de Derecho es el producto de la lucha entre capital y trabajo, donde el primero para dar respuesta a los embates del segundo debió transformarse, reconociendo las reivindicaciones sociales y debilitando la concepción individualista propia del Estado clásico liberal.

La primera formulación del Estado moderno la constituyó, fruto de la concepción del liberalismo individualista clásico, el llamado Estado de Derecho, que a más de implicar el sometimiento de gobernantes y gobernados al ordenamiento constitucional y legal, consagró con las características propias de lo reconocido como derechos fundamentales los derechos humanos individuales, emanados directamente del concepto de libertad natural, conocida como libertad negativa, en tanto negaba, como una barrera de contención normativa, la intromisión del estado en la esfera de la personalidad del individuo, de la organización y proyección de su propia felicidad, reflejadas en el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la libertad de pensamiento, a las libertades públicas, y al respeto de ciertos derechos de los ciudadanos procesalmente justiciables, etc. Derechos que adquirieron un marco más o menos efectivo de garantías constitucionales y legales. Además que se exigió y debe exigirse que todos los actos de los poderes sean públicos, trasparentes y que tengan su respectivo control jurisdiccional y/o político.

Se consagra, luego, la figura jurídico-política del Estado Social de Derecho en buena parte de las constituciones nacionales, como la nuestra en 1991, figura que no se contrapone con la del Estado de Derecho sino que la subsume, agregando el reconocimiento de los derechos sociales como derechos constitucionales o fundamentales.

En la Constitución del 91 se encuentran incluidos en su Título II la relación de los derechos humanos positivizados constitucionalmente, los individuales, sociales, económicos, culturales, colectivos y del ambiente, pero reconociendo como fundamentales tan sólo a los individuales y a los demás dejándolos a la disposición legislativa,

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