Exclusion Normalizacion

“LAS PERSONAS CON MINUSVALÍA: DE LA EXCLUSIÓN A LA NORMALIZACIÓN SOCIAL”.

Carmen Barranco Expósito. Doctora y Profesora Titular de Trabajo Social. Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Centro Superior de Ciencias Políticas y Sociales Universidad de La Laguna

COMUNICACIÓN PRESENTADA Y PUBLICADA POR EL IX CONGRESO ESTATAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL y ASISTENTES SOCIALES

RESUMEN

En esta comunicación se expone algunos de los cambios que en la sociedad se está generando para conseguir que las personas con minusvalía vayan dejando de ser los eternos excluidos. Se introduce el principio de normalización como filosofía humanitaria impulsora de los apoyos sociales generales y específicos que el colectivo precisa para poder compensar la desventaja social que les generan las deficiencias y discapacidades. Se hace alusión a la conquista de los derechos humanos y sociales como instrumentos generadores de políticas sociales activas y de protección social, así como a la materialización del principio de normalización en los planes integrales y programas sociales, a nivel internacional y nacional. También se expone la mejora de las capacidades que las personas con deficiencia psíquica profunda han obtenido en tres centros de atención de Tenerife como resultados de los programas integrales aplicados en dichos centros, así como la percepción de los familiares sobre los niveles de integración social alcanzada.

1. INTRODUCCIÓN

En el campo de las minusvalías, entendidas como condiciones sociales desventajosas para desempeñar determinados roles sociales como consecuencia de la deficiencia y discapacidad (IMSERSO, 1997), es preciso continuar articulando las voluntades y las acciones sociales para avanzar en la mejora de la calidad de vida. Para conseguir tal finalidad, es necesario seguir aplicando los derechos humanos y sociales, los cuales se concretan en planes integrales de apoyo orientados hacia la normalización.

Hoy, desde la Disciplina de Trabajo Social y otras ciencias afines, es fundamental seguir trabajando con este sector de la población para que se produzca el salto cuantitativo y cualitativo hacia la normalización. Si, es preciso plantarle cara a la exclusión y marginación social que continua sufriendo las personas con discapacidad. Exclusión que se emparienta con la víctima y se hermana con la injusticia (Gracia Roca, 1999). Para ello hay que seguir diseñando e implementando los programas y proyectos que de manera inequívoca generen una mayor normalización social de una población mundial que se estima en más de 500 millones, 10% de la población.

En este sentido, es imprescindible que desde la Universidad y los distintos foros profesionales, se continúe diseñando planes integrales, pero sobre todo, arbitrar medidas para su implementación y sostenimiento, así como la evaluación de los resultados obtenidos.

2. EXCLUSIÓN SOCIAL VERSUS NORMALIZACIÓN SOCIAL

A lo largo de la historia las personas con deficiencia de la inteligencia han sido un colectivo excluido de las redes comunitarias y abocado a la marginación social.

Son los colectivos con escasa presencia en los espacios comunitarios, espacios a los que tienen pleno derecho. Con demasiada frecuencia han sufrido y continúan sufriendo la exclusión social, teniendo muy pocas oportunidades (en su vida adulta) de permanecer en hogares familiares, cuándo los padres no pueden seguir prestándoles el apoyo personal que precisan. Este hecho de no poder permanecer en los hogares familiares, se continua dando para el 56% de los usuarios/as de los tres Centros de Atención a Personas Psíquicas Gravemente Afectadas (CAMPs) de Tenerife, los cuales permanecen en régimen de internado (Barranco, 1999).

La marginación social a la que se ha sometido a las personas con discapacidad se refleja en el hecho de que este colectivo, a nivel internacional, no haya sido objeto de atenciones específicas hasta el siglo XX. Como consecuencia, la gran mayoría de las personas con discapacidad psíquica, vivían en sus domicilios, sin recibir tratamientos especializados. Este hecho se ha podido comprobar en el 61% del total de los 123 usuarios/as de los CAMPs, los cuales han permanecido en sus casas, sin recibir tratamientos, antes de incorporarse a los tres CAMPs (Barranco, 1999).

A nivel general, el cambio hacia la normalización e integración social se produce a partir de la década de los setenta, década en la que surge los Paradigmas de la “Rehabilitación ” y “Autonomía Personal”, los cuales fueron sustituyendo al Modelo Médico (Verdugo, 1993). Estos eventos, junto con el impulso dado por los movimientos sociales (formados por las propias personas afectadas y sus familias) y el empuje de las organizaciones internacionales, eclosionan en una demanda social a la cual los gobiernos tienen que hacer frente, con el objeto de posibilitar la integración social y física de las personas con minusvalías, contemplado en el principio de la normalización.

En este sentido, los tratamientos específicos, se producen en nuestro país en la década de los 80, si bien el panorama social empieza a cambiar desde 1971 con la creación del SEREM (Servicio Social de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos), organismo dando lugar a los primeros programas en materia de minusvalía. Concretamente, con el colectivo de las personas con deficiencias profundas, se empieza a diseñar programas integrales y a implementarse en los CAMPs, centros que fueron impulsados por el INSERSO, inagurándose el primero de nuestro país en 1985 en la provincia de Cáceres y el segundo en Tenerife en 1986 (Barranco, 1999).

Sin duda el principio de normalización ha contribuido al cambio de mentalidad de la sociedad para poder mejorar las condiciones sociales del colectivo. El principio de la normalización hace enfasís en la idea de que para que pueda aplicarse el derecho a la igualdad entre los seres humanos, estos colectivos con discapacidades, han de recibir los apoyos para incrementar su desarrollo y aumentar sus capacidades. También en fomentar la integración social, es decir, en la implantación de medidas sociales para que estas personas puedan hacer uso de los servicios de la comunidad como cualquier otro ciudadano/a, teniendo participación y presencia activa. Ello pasa por crear las condiciones

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