Fabrica De Pruebas Y Delitos

ALAI, América Latina en Movimiento

2009-10-23

Mexico

Fabricantes de delitos y culpables

Patricio Cortés

Clasificado en: Política: Politica, DerechosHumanos, Justicia, |

Disponible en: Español

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• Práctica común del Ministerio Público y jueces

• Más simple obligar a confesar un delito que realizar una investigación: Rafael Márquez Piñero * La tortura, estadio de barbarie no superado

• Abundan jueces y agentes del MP “venales, incompetentes, ignorantes de leyes pésimamente interpretadas y aplicadas”

• Impera un sistema de resultados cuantitativos: Pilar Noriega

• Incumple el gobierno recomendación de la CIDH para liberar a Alfonso Martín del Campo Dodd

La fabricación de delitos es una práctica común de nuestras autoridades, así lo aseguran diversos especialistas y los hechos mismos. La prensa internacional se muestra escandalizada de como nuestros jueces sentencian por delitos que desafían el sentido común y nuestras autoridades con frecuencia ignoran las recomendaciones de organismos en derechos humanos nacionales e internacionales.

Una indígena otomí, Jacinta Francisco Marcial, pasó tres años en la cárcel por secuestrar a seis agentes de elite, con frecuencia los noticieros nos muestran torturados aceptando decenas de delitos, resultó que los presuntos perpetradores de la masacre de Acteal no fueron juzgados conforme a derecho, por tanto ahora no se sabe ni quien es culpable y un largísimo etcétera.

El doctor Rafael Márquez Piñero, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advierte a Forum: “Para nuestros policías es más simple tomar a un inocente y obligarlo a confesar un delito que realizar una efectiva investigación científica con un buen protocolo de indagación, con buenas herramientas de peritaje, tomando todo el tiempo que requiere un proceso de policía científica para poder llegar a un culpable. Ésa es una cuestión”

Hay un proceso de fabricación de pruebas: “Los peritos desafortunadamente tienen la presión de sus propios superiores para rendir los peritajes con rapidez, los policías tienen la presión de sus propios comandantes para entregar resultados lo mas pronto posible. El Ministerio Público tiene prisa para integrar un expediente porque a veces lleva más de los que puede procesar y esto lleva a la violación de la ley poniendo a un inocente como responsable de un delito”.

Añade: “El problema es la incompetencia de la autoridad que se le olvida que los resultados se consiguen con trabajo, no con fuerza, y ya abdicaron a la responsabilidad de dar confianza a los ciudadanos”.

“La sociedad ante un elemento que lastima, que causa alarma, tiende a tener miedo y eso la lleva a presionar más a la autoridad para que cumpla su función. Se requiere forzosamente encontrar al culpable. Eso impacta porque a la larga se transforma en una presión para unas autoridades.

“Las sociedades democráticas a partir del siglo XVII y XVIII han venido instituyendo una serie de mecanismos, precisamente para evitar que las personas tengan que sufrir por un ejercicio abusivo y deshonesto de la autoridad, las constituciones pretenden ser esa especie de barrera. El problema es que hay un desplazamiento superlativo de la credibilidad hacia la autoridad y un descrédito muy marcado del ciudadano. Si nosotros acudimos a los códigos de procedimientos penales nos vamos a dar cuenta con que basta el dicho de un policía, una averiguación previa ‘bien elaborada’ aunque no contenga la verdad, para que una persona pueda pasar parte significativa de su vida en la cárcel”, explica el jurista.

Ejemplifica: “Conozco el caso de una persona llamada Dionisio, no es Acteal y no tiene foros periodísticos, pero estuvo todo un año en la cárcel. Ahora los abogados decidieron demandar al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal por una indemnización, pero hay un contubernio muy fuerte para evitar que se le haga justicia, desechando un peritaje ilegalmente”.

Para quienes han ido a denunciar un delito no es desconocido que los agentes del Ministerio Público le pidan que mienta en su declaración. Al respecto el jurista comenta: “Nosotros no tenemos que mentir para que se nos haga justicia, si nosotros vamos ante la autoridad siendo las victimas y decimos ayer sucedió esto, es la obligación de la autoridad ministerial buscar los medios más idóneos de prueba y dárselos al juez.

“Desafortunadamente no hemos superado todavía ese estadio de barbarie llamado tortura, todavía organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional nos dicen que tenemos infinidad de casos de torturados. El problema básico es que mientras la confesión siga siendo la reina de las pruebas y que la autoinculpación sea suficiente para que un juez emita una sentencia y no exista una investigación policiaca científica que nos ayude a encontrar a los verdaderos responsables del delito, nuestros primitivos ministerios públicos van a ver más fácil inventar un caso”, afirma.

Nos explica que existen tres formas de sancionar los abusos de las autoridades:

1. La responsabilidad patrimonial, aunque sólo está contemplada para el Poder Ejecutivo.

2. Privar de efectos al acto jurídico ilegal, es decir los medios de impugnación y el juicio de amparo: “Sólo que éstos no nos ayudan a buscar la responsabilidad de la autoridad que violó la ley. Yo no he visto ningún amparo donde un juez o un tribunal colegiado digan en este caso resulta evidente que la autoridad violó la ley y dese vista al Ministerio Publico o al juez competente para las infracciones que pudieran haberse cometido”.

3. La responsabilidad personal del servidor público ante las instancias administrativas, como las contralorías. Es poco funcional en los hechos, considera Rafael Márquez Piñero.

Nos comenta que lo de mayor importancia en el derecho penal es la verdad histórica, lo que efectivamente sucedió y que hecho se confirmó, mas pareciera al revés: “Agarran a un raterillo de poca monta le ponen un AK-47 y lo presentan como el líder de Los zetas. Parece ser que a nuestros jueces

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