La aplicación de La ley en México

La aplicación de La ley en México

Respecto a la aplicación de las leyes en México tenemos un importante marco constitutivo en nuestra propia Carta Magna y en la diversa doctrina adoptada por las escuelas de derecho en México frente al hecho de que tenemos un sistema codificado y rígido de derecho en el cual se nos dice que ley es la competente para aplicarse en determinado momento pues, como primer presupuesto tenemos que nos presenta una jerarquización jurídica en la que posiciona a nuestra constitución en la cima de la misma al mencionar:

“Esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglaran a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.”

De este supuesto normativo podemos deducir que nuestra constitución está en lo más alto del ordenamiento jurídico en el país pues las leyes de los demás estados (recuérdese que estos están subordinados a la Federación y la Constitución es el marco que faculta y delimita a la misma) tienen que estar de acuerdo con ella, y de no estarlo prevalecerán los preceptos constitucionales, asimismo los tratados que celebre el presidente de la República tendrán que estar de acuerdo con ella, dejándonos muy claro que es la ley suprema de nuestro régimen jurídico y que todos los demás ordenamientos jurídicos están subordinados a ella.

El compromiso de los ciudadanos frente a la obediencia de la ley.

Una encuesta muy reciente levantada en la zona metropolitana de Monterrey reveló, por ejemplo, que el 59% de la población cree que es “normal” la corrupción; el 60% calcula que es “poco o nada” posible acabar con ella; el 45% sabe que alguien de su familia ha cometido actos de corrupción y el 55% conoce a alguien que ha incurrido en ellos. Aunque la mayor incidencia reportada tiene que ver con el sector público, las áreas fiscales y de compras de las empresas son igualmente un foco creciente de corrupción.

Datos como estos, desde luego, se repiten en el resto del país, y la percepción internacional de que México es un país corrupto, como lo sugieren algunas mediciones, sigue siendo bastante acentuada.

El problema, por tanto, tiene al menos dos partes. Una se refiere ciertamente al comportamiento del aparato público tanto entre los funcionarios como al laberinto legal, reglamentario y de sistemas que atenaza la gestión, que se convierte en el principal incentivo para “aceitar” las cosas con dinero.

Pero el otro es que la corrupción ha obtenido una especie de legitimación social porque la ciudadanía siente que sin ella no podría procesar su interacción con el sector público, pero además, y esto es mucho peor, porque en los últimos años parece tolerarla como un estilo válido de vida y de ascenso social y económico.

Muchos ciudadanos saben, con evidencia más o menos concluyente, de conductas gubernamentales escandalosamente corruptas y, salvo contadísimas excepciones, no las denuncian por temor, por complicidad o sencillamente porque asumen que es “normal” que las haya.

Ese razonamiento explica en cierto modo que el mexicano no condene la corrupción porque crea en la legalidad como un valor superior o la internalice en su vida cotidiana como código de conducta, sino porque no participa de sus rendimientos y ventajas, porque no se siente beneficiario de las rentas obtenidas por ese camino.

Más aún: mientras que en otros países hay una sanción comunitaria y vecinal incluso de los corruptos, en México

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