Megaobras En Cali

La ejecución de la segunda fase de las megaobras no está nada fácil para el gobierno caleño. Además de las dificultades económicas surgidas debido a que el recaudo inicialmente previsto de la valorización no alcanza, detrás de ellas hay todo un enredo legal que está poniendo en riesgo su ejecución.

A decir de algunos analistas, lo que tiene entre manos la Administración con estos proyectos heredados del gobierno pasado es una verdadera ‘papa caliente’.

Lo primero es que la sustentación legal que dio vida al paquete de las 21 megaobras ya habría fenecido. Así lo advierten la Personería Municipal y el ex presidente del Concejo, Fernando Tamayo, al indicar que, según los acuerdos aprobados, el último plazo para contratar todos esos proyectos venció el 4 de septiembre de 2011.

Un estudio de la Personería concluyó que el Concejo, al expedir el Acuerdo 297 el 3 de noviembre de 2010, el cual modificó parcialmente el Acuerdo 241 de 2008 que aprobó el plan de obras, determinó que el plazo máximo para su contratación no podría exceder los 24 meses contados a partir del momento en que se expidiera la resolución que asignara el monto distribuible de las obras.

Dicha resolución se expidió el 4 de septiembre de 2009 y, en consecuencia, el plazo expiraba el 4 de septiembre de 2011. Dado que durante ese lapso solo se habían contratado 8 de las 21 proyectadas, las 13 restantes no podrían legalmente ejecutarse, según la Personería.

Sin embargo, la Administración sostiene otra cosa. El director jurídico de la Alcaldía, Javier Mauricio Pachón, asegura que las megaobras “son legales y están vigentes”, y están sustentadas en 280 tutelas que ha ganado la Administración a quienes alegaban vulneración de derechos.

De la misma manera, según Pachón, estarían respaldadas en 7 acciones de nulidad falladas a favor, de 78 que se han interpuesto, alegando que las obras no se habrían contratado a tiempo. Y, adicionalmente, en dos acciones populares que también han favorecido el proyecto de las megaobras.

Sin embargo, aún hay más de 70 procesos pendientes en los juzgados y el riesgo de un fallo adverso siempre existe, reconoció el abogado.

Otra cosa piensa el ex presidente del Concejo, Fernando Tamayo, quien sostiene que el acuerdo es claro en el plazo fijado para la contratación de las megaobras y que estas debieron contratarse todas antes del 24 de septiembre de 2011, aunque no se iniciaran en ese lapso. Por esa razón cree que la manera de resolver ese lío es que la Alcaldía presente un nuevo proyecto de acuerdo al Cabildo pidiendo ampliar el plazo de contratación de las megaobras.

Pero la Alcaldía ha descartado esta posibilidad. Lo que sí presentará es un proyecto de acuerdo para comprometer vigencias futuras que garanticen $652.064 millones que hacen falta, de los cuales $377.500 millones el Municipio se propone conseguir con la Nación.

Un segundo factor de dudas es que el paquete de las megaobras corresponde al plan de desarrollo de la administración de Jorge Iván Ospina y no a la de Rodrigo Guerrero. Sin embargo, Tamayo cree que este punto es salvable porque Rodrigo Guerrero se comprometió en su programa de gobierno a terminar las megaobras.

El secretario Jurídico de la Alcaldía, por su parte, sostiene que las megaobras son un proyecto único aunque para su ejecución se haya dividido en dos fases, dado que el flujo de caja no permitía contratarlas todas de una vez. Dice que la Alcaldía no tenía la obligación de contratar todas las obras de un solo tirón y aseguró que el acuerdo respectivo tampoco establecía plazos límites.

De hecho, el secretario de Infraestructura y Valorización, Miguel Meléndez, precisa que el Acuerdo 278 de 2006 o Estatuto de Valorización establece que las obras se pueden cobrar antes, durante o después de su ejecución y en este caso el Municipio tiene 90 meses para hacerlo.

Un tercer problema es que los $800.000 millones decretados por valorización no alcanzan para hacer las obras. Todo el paquete se calcula en $1,4 billones. Para ejecutarlo Emcali debe aportar $210.649 millones y quedarían faltando justamente los $377.500 millones que debe conseguir el Municipio.

Lo cuarto es que si salen fallos adversos a la contratación de las megaobras, la administración se enfrentaría a la posibilidad de tener que devolver dineros, unos $300.000 millones del recaudo de valorización, por no haber contratado todas las 21 megaobras en el plazo de 24 meses dado por el Concejo y que fenecieron el 4 de septiembre de 2011. Esto ocurriría si alguna de las 71 acciones de nulidad que aún están en curso se fallan en su contra.

La Personería, algunos concejales y voces ciudadanas como la del empresario Emilio Sardi así lo advierten. Aducen que el estatuto de Valorización obliga a que la Administración Municipal, previa solicitud de los contribuyentes, devuelva con intereses del 1% mensual, las sumas correspondientes a las contribuciones de valorización cobradas por las obras cuya ejecución no se hubiere iniciado dentro de un plazo previsto.

Pero el jefe Jurídico de la Alcaldía ve muy remota esta posibilidad, frente a los precedentes judiciales que ya hay a favor de estos proyectos.

Lourdes Salamanca, coordinadora del Observatorio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que le hace seguimiento a las megaobras, considera que no cree que “la devolución de dineros sea posible ni conveniente, porque hay obras ejecutadas”. Cree que más bien hay que realizar un estudio jurídico de fondo para determinar lo que se debe hacer.

Por su parte, Miguel Charry, presidente de la Asociación de Ingenieros del Valle, considera “preocupante que ese tema no se haya resuelto claramente, en discusiones que no parecen tener fin”.

“Que digan si las obras están bien decretadas, porque de lo contrario eso lleva a una inacción que afecta el desarrollo de las mismas y la confianza pública de que las cosas se estén haciendo en función de lo que dicta la ley”, indicó.

Por ahora, el camino de las obras parece expedito y el alcalde Rodrigo Guerrero dio luz

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