NUEVA CARTA POLITICA

NUEVA CARTA POLITICA

En las democracias liberales el Estado de Derecho y las instituciones adquieren un papel protagónico. Desde la conformación del país como república, y específicamente desde la Constitución de 1886, en Colombia se ha propendido por el respeto a los valores de la democracia liberal. En este sentido la valoración de las organizaciones políticas, tal como los partidos políticos, y el diseño institucional han sido concebidos desde el plano constitucional revistiéndolos así de la mayor importancia. Sin embargo, en muchos episodios de la historia colombiana sectores políticos con intereses particulares han buscado desvirtuar la democracia a través de instituciones que han sido diseñadas para garantizarla. Es así como sucesivos proyectos y reformas políticas han hecho curso por el Congreso intentando superponer el poder y las potestades del ejecutivo sobre las demás ramas del poder público; o de otra parte acomodar las reglas de juego en beneficio de las colectividades con mayoría legislativa. Un ejemplo de esto es el momento político que actualmente atraviesa el país. En los últimos meses hemos sido testigo de un nuevo proceso de reforma, la número 28 en los 18 años que lleva de instituida la Constitución de 1991, que incluyen modificaciones a la manera de obtener y ejercer el poder, es decir, transforman las reglas de juego a través de las cuales los partidos y sus candidatos participaran en los procesos electorales, tendrán acceso a las curules o cargos públicos, y regirán sus actuaciones durante el ejercicio de sus cargos. Adicionalmente surte tramite en el Congreso un proyecto de referendo por el cual se pretende convocar al constituyente primario para que apruebe o no una nueva reelección.

Colombia hasta la década de los noventa se había caracterizado, en comparación con los países de la región, por mantener una democracia formal y lograr, a través de acuerdos partidistas, mantener su orden institucional. Sin embargo, pese a las características electorales de su democracia y al aparente funcionamiento de sus instituciones, existían elementos de fondo que hacían imperativo una reforma integral en el plano constitucional. Reforma que se consolidó a través de la Asamblea Nacional

Constituyente de 1991.

Dos de los principales objetivos de la Constituyente de 1991 fueron: primero, oxigenar el escenario político nacional, caracterizado por un bipartidismo excluyente, y generar las condiciones para que terceras fuerzas pudieran incursionar en el escenario político; y segundo, lograr equilibrio entre las diferentes ramas del poder público limitando las atribuciones del Presidente de la República, las cuales se superponían sobre las atribuciones y el funcionamiento de las demás ramas del poder público durante todo el siglo XX.

Este segundo aspecto, la sobredimensión de las funciones y competencias del Presidente de la República, tiene una larga historia en el ordenamiento político colombiano. Desde la constitución de 1886 uno de sus objetivos centrales fue fortalecer el presidencialismo, que en un contexto de debilidad y fragmentación institucional, generaba unidad de mando y fortalecía lo poco de autoridad existente.

En esta línea además se crearon mecanismos de excepción que conferían múltiples atribuciones extraordinarias al jefe de Estado Las funciones del presidente se detallaron en al Título XI de la Constitución de 1886, en particular en los artículos del 118 al 121, en los cuales se enumeraban un total de 35 funciones ordinarias del jefe de Estado. Respecto a las facultades extraordinarias, éstas se consagraron especialmente en los artículos 76 y 121 de la Constitución. Según el artículo 76 en su numeral 10 el Congreso podía revestir, pro tempore, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, cuando la necesidad lo exigiese o las conveniencias

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