Procedimiento administrativo

es, el conjunto de normas que regulan la forma de hacer efectivo el Derecho Tributario Material, o lo que es lo mismo, los derechos y obligaciones de los contribuyentes.

Dicho de otro modo, vamos a estudiar el camino que debe seguirse para hacer que una manifestación jurídica como es la norma produzca efectos en un plano que podemos considerar inferior, el del acto singular no normativo (con carácter general, un acto administrativo).

Podemos afirmar, de inicio, que el procedimiento tributario es un procedimiento administrativo. Así se reconoce en el art. 83 LGT cuando se señala en su apartado 3 que «la aplicación de los tributos se desarrollará a través de los procedimientos administrativos de gestión, inspección, recaudación y demás previstos en este título».

Por procedimiento administrativo entendemos un conjunto de actos emanados de un poder público, y, en su caso, de uno varios particulares que intervienen en el mismo, que tienen por finalidad producir, con pleno sometimiento a la ley y al derecho, un acto o una norma administrativos, o ejecutar, de la misma manera, un acto ya producido (González Pérez/González Navarro).

Es importante tener presente que el procedimiento administrativo es una garantía para el ciudadano, (en nuestro caso el contribuyente): si la actividad administrativa no sigue esos cauces determinados por las normas como requisitos mínimos dicha actividad no puede considerarse legítima. Una segunda garantía es la existencia de un sistema de recursos, que permite que los contribuyentes puedan oponerse a los actos que considera lesivos a sus intereses, para intentar obtener su anulación, modificación o reforma si no son ajustados a Derecho.

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